Desde hace décadas, México ha dejado de ser un país de párvulos políticos, y través de una ciudadanía inteligente, clama por la conquista y construcción de un espacio en las relaciones gubernamentales, que le permita trascender garantizando su participación en la toma de decisiones del quehacer público y salvaguardar los equilibrios de la dignidad humana en el poder del Estado.

En este trazo orgánico de la participación ciudadana, el incremento de la cultura política es notable, pero sin duda, aún insuficiente para establecer significativamente la inserción política de los sujetos sociales en la esfera pública.

¿A qué se debe esta lejanía de los sujetos con la política? Sin duda al vacío de la conducción de los partidos políticos y su déficit de interlocución, que ha enclaustrado la vitalidad y dinámica de la sociedad, hasta reducirla a su mínima expresión.

Advertir que los partidos políticos no son ya conductores sociales, explica las carencias de una democracia, cuya deuda, niega en sus pecados la génesis de una sociedad cuya participación ha sido obstruida por el anquilosamiento de las instituciones, y la preservación de formas añejas de control político, que la inteligencia social ha rechazado tratando de hacer del Estado un vínculo verdadero  de asociativismo ciudadano.

El ascenso de la izquierda al poder en México revela, que la ciudadanía ha deliberado desde un nuevo imaginario político sobre las implicaciones históricas de la inconcreción del Estado en la tarea pública, sinsabor que se expresa en la desigualdad de oportunidades y en las cadenas de explotación, pobreza y miseria, que a través de la legitimidad alcanzada en las urnas, explica la empatía política del Presidente con la ciudadanía.

El deterioro de la conducción política de los partidos y el déficit de concreción de la tarea pública, unido a la corrupción e impunidad, obstruyó el ascenso de la participación ciudadana organizada, pero tal condición aún no se ha solucionado; más aun, la verticalidad gubernamental sigue presente y la erosión de los partidos como contrapesos políticos, se diluye a pasos agigantados, lo que no propicia un ejercicio salubre de gobierno vinculado a la participación ciudadana organizada.

Hace años, el Investigador Mauricio Merino del CIDE, teorizó el concepto de fragmentación gubernamental, donde advertía el sentido disperso e inconexo del funcionamiento de la administración pública, lo que dio paso a los cuestionamientos sobre el valor de la inteligencia institucional, pero este análisis no contempló el peso de la inteligencia social y el valor de la participación ciudadana organizada, que se había escindido por décadas del quehacer público, quizá porque no era el nodo del análisis de Merino, pero sí una dimensión de la fragmentación pública, que hoy sigue como constante en el ejercicio de gobierno.

En pocas palabras, no existe ejercicio de gobierno inteligente, al margen de la participación ciudadana en la toma de decisiones, cuya horizontalidad asociativista está consagrada en el Contrato Social y ha sido obviada o enclaustrada por intereses de élites.

En este contexto podemos afirmar que sin la participación ciudadana en el orden gubernamental, no se puede trascender en la transformación política del Estado y persistirían la desolación y esperanzas frustradas que se reflejarían en indicadores de pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad. Catástrofe, ante la cual nadie puede ser indolente y mucho menos, aquellos que deben proceder en la lógica inmediata del poder: partidos políticos y gobierno.

Se ha vendido hasta el cansancio en las plataformas programáticas de los partidos políticos, la idea innovadora de que la participación ciudadana no es una dimensión más de la democracia, sino su médula espinal, pero hasta ahora no se cumple por los partidos políticos, como tampoco por la discrecionalidad en el ejercicio de gobierno, lo mismo a nivel federal, estatal y municipal, situación alarmante que devela una sola verdad: la ciudadanía sigue postrada en la marginación política.

La pregunta es obligada, ¿cómo abrir las estructuras de poder partidista e institucional al pueblo?

La respuesta es contundente: reconocer la soberanía, no como retórica o discurso de escritorio, sino como principio inalienable del ejercicio de gobierno, que exige desarrollar y fortalecer los mecanismos idóneos y necesarios que impulsen la participación de la ciudadanía, para alcanzar la plenitud de la praxis que exige la sociedad, para garantizar la cocreación de la tarea pública. Este es el déficit de la fragmentación del Estado, que ha hecho de la gestión pública una condición vertical, que niega el asociativismo ciudadano.

Lo verdaderamente vital e innovador en la real politik que vivimos, estriba en repensar y replantear el papel de los partidos políticos y las instituciones. Es imperativo que el rostro de la voluntad ciudadana aparezca como la premisa de las decisiones públicas dándole veracidad al gobierno abierto y en público; que el INE garantice la horizontalidad de las plataformas políticas de los partidos, exija su vinculación programática con la sociedad, haga visible las ofertas políticas y trace sus diferencias para que los ciudadanos perciban sus implicaciones; garantizar que la dignidad humana no sea una retórica del ejercicio de gobierno, sino el trazo programático de su planeación desde una política de Estado, para que su vinculación permanente en el ejercicio público no permita olvidar o enclaustrar a los ciudadanos en la cosificación de indicadores y resultados.

No olvidar al ciudadano como artífice del crisol del Estado, es esencial para hacer del poder, el vector de la dignidad humana.

Sin duda alguna, la inteligencia ciudadana debe ser la razón de Estado. En ello debe oscilar el debate político, que construya la transformación gubernamental; otorgarle sentido social y dignidad humana al proyecto público; garantizar desde el capital político de la ciudadanía organizada las condiciones que permitan extinguir la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad e impunidad, como efectos nocivos de la obstrucción histórica de la horizontalidad asociativista del pueblo en el ejercicio de gobierno.

Agenda

• Las iniciativas de reformas constitucionales al Sistema de Justicia Penal que se filtraron, fueron calificadas como preocupantes por juristas y organizaciones protectoras de derechos humanos, ya que plantean restablecer el arraigo, pero ahora ampliándolo a todos los delitos, no sólo a delincuencia organizada, lo que viola el principio de presunción de inocencia; simplifica los cateos y la intervención de comunicaciones privadas, y elimina la nulidad de las pruebas obtenidas mediante violación de derechos humanos, elimina a los jueces de control, la vinculación a proceso, entre otras reformas. Es decir, pretende reducir los derechos y libertades de los ciudadanos, haciéndolos más susceptibles al abuso del poder.

Por: Esteban Ángeles

Fuente: Perspectiva

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