El detonante de la molestia fue que el Pleno de la Suprema Corte aprobó declarar inconstitucionales los primeros dos capítulos del llamado plan B electoral.
En pocas ocasiones se había visto tan enojado al presidente López Obrador como en los días recientes.
El detonante de la molestia fue la votación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el lunes pasado, en la que una mayoría de nueve ministros aprobó declarar inconstitucionales los primeros dos capítulos del llamado plan B.
Las reformas a la Ley de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas fueron publicadas en el Diario Oficial el 27 de diciembre pasado.
El ministro Alberto Pérez Dayán suspendió los efectos de estas reformas para los procesos electorales en curso (Estado de México y Coahuila) el pasado 20 de febrero, en tanto se resolviera el fondo del tema.
Lo que el Pleno de la Corte votó el lunes pasado fue declarar inconstitucionales dichas reformas debido a vicios de procedimiento que impidieron que se cumplieran las reglas constitucionales requeridas para la aprobación de una ley.
El resto de las reformas del plan B fueron promulgadas el 2 de marzo pasado, pero el 24 de marzo el ministro Javier Laynez tomó la decisión de suspender el decreto completo.
Esa es la situación prevaleciente mientras no se discuta y resuelva en el Pleno de la Corte el fondo del tema.
Lo relevante de la votación del lunes es el criterio que fue establecido por una mayoría calificada de ministros, que señala que las leyes aprobadas por los legisladores pueden ser anuladas si no se cumplen los requisitos constitucionales del proceso parlamentario.
De hecho, ni siquiera supimos la posición de cada uno de los ministros respecto al contenido de las reformas.
El punto es que no ameritaba esa discusión si la aprobación de la ley estaba viciada.
Cuando el presidente López Obrador reclamó en días pasados que la Corte tuvo el atrevimiento de enmendarle la plana a los legisladores, lo que quiso decir es que teme que el Poder Judicial siga ejerciendo sus atribuciones para determinar la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Legislativo.
Ya no se trata solamente del contenido de las leyes, sino de las formas en las que son aprobadas.
Morena sería capaz de todas las truculencias para hacer reformas en las dos cámaras.
Por ejemplo, si se quisiera aprobar una reforma constitucional, aunque Morena no tenga los votos suficientes, existiría la tentación de buscar alguna maña para no dejar entrar a los opositores al salón de plenos.
Pero, si resulta que la Corte ya no solo está atendiendo al contenido de las leyes sino a la forma en la cual se aprueban, quizás anularía algunas reformas que fueran aprobadas en esa circunstancia.
¡Lástima, Margarito!
Y, hay varios casos análogos en el camino que pueden ser muy trascendentes.
Por citar solo algunos, están los siguientes: la segunda parte del plan B, que presumiblemente sería rechazada en la Corte por las mismas razones que se esgrimieron el lunes pasado.
Están al menos 12 de las reformas votadas en la noche del viernes 28 y la madrugada del 29 de abril, entre ellas algunas tan trascendentes como la Ley Minera, la eliminación del Insabi, la del otorgamiento a los militares de los recursos de los extranjeros visitantes, la de Ciencia y Tecnología, entre otras, por citar solo algunas de las que serían cuestionadas.
Pero, la Corte puede también respaldar al INAI si la Segunda Sala fuera de la opinión de que el pleno del Instituto puede sesionar y ejercer toda su autoridad, aunque el Pleno sea de cuatro personas. Esa propuesta puede ser planteada próximamente por el ministro Laynez, quien tomó el caso.
Total, la Corte es hoy la máxima pesadilla de López Obrador.
Y lo que más enoja al presidente es que tuvo la oportunidad de controlar al Poder Judicial si dos de las cuatro propuestas que hizo en el sexenio, los ministros González Alcántara y Ríos Farjat, no hubieran tenido su propio criterio en los asuntos que llegan a la Corte.
La cereza del pastel, en esta circunstancia, fue el voto del ministro Arturo Zaldívar, respaldando la ponencia de Alberto Pérez Dayán el lunes pasado.
Eso explica la pretensión de que la Corte sea elegida por votación popular o que la Judicatura ya no sea presidida por la presidencia del Pleno o que se pueda hacer juicio político en contra de los integrantes de la Corte.
Todo ello es pura fantasía.
No tienen los votos y quieren aparecer con más poder del que realmente tienen.
Van a querer asustar.
Pero, se les ven las costuras a las sábanas. Ya no hay fantasmas.
