La crisis de salud por la pandemia del COVID-19 y la recesión económica, implican el riesgo de una profunda crisis social para el régimen democrático de la República de consecuencias imprevisibles; cuando deberían significar una oportunidad para el resurgimiento de las virtudes del Estado para hacer de la política el sustento de una sociedad que construye el porvenir de la Nación, sin desigualdades ni cortapisas, ni al margen de la armonización del ejercicio de gobierno.
En la lucha política para renovar los Ayuntamientos, los partidos políticos al ignorar las legítimas demandas y aspiraciones de la ciudadanía, ocasionan su repliegue, su autoexclusión del sufragio, y muestran que en las contiendas electorales, lo único que cuenta son los intereses de las élites político-partidistas.
Esta involución democrática menoscaba el valor político de la dinámica ciudadana, al grado que los procesos electorales se han vuelto sórdidas liturgias donde la simulación intenta disfrazar con proselitismos huecos, el fracaso en la conducción política de partidos, candidatos y candidatas.
En la entrega anterior, establecí la premisa de que las Plataformas Electorales que abanderan partidos, candidatas y candidatos, son documentos generales, declarativos y retóricos, que no tienen ninguna utilidad ni valor político, ni administrativo, ni programático, porque son presentadas a la autoridad electoral sólo para cumplir un requisito y tener derecho a postular candidatos.
Ante tal ficción, considero que es necesario encontrar la forma de hacer que los partidos políticos se vean obligados por conveniencia política, a replantear las plataformas electorales y convertirlas en un instrumento político, que sea la esencia de una democracia asociativista, inteligente y programática, donde los derechos políticos devuelvan al pueblo la potestad inalienable e inquebrantable de asumir el ejercicio de Gobierno.
Por décadas, el ejercicio político de la ciudadanía ha sido comparsa electoral ante los vicios de una élite política, que ha negado el valor de la democracia y propiciado el aislacionismo y el subdesarrollo político, hechos que son fuente indiscutible de corrupción e impunidad.
En esta tesitura, los partidos políticos que participan en el proceso electoral que renovará los Ayuntamientos en Hidalgo, deberán intentar corregir esta anomia que distorsiona la contienda electoral y daña severamente el principio de representatividad democrática. De inicio, podrían plantear desde sus plataformas electorales, el compromiso de ejercer un gobierno de abajo hacia arriba al amparo de un Nuevo Paradigma de Gobernanza Asociativistay de instrumentos que construyan una ciudadanía participativa, colaborativa y corresponsable.
Concretar esta Nueva Gobernanza exige de los actores políticos, corregir la disfuncionalidad institucional, política y administrativa; hacer vigente el Derecho Humano al Buen Gobierno; actuar con una nueva ética cívico-política; y rescatar el orgullo y la dignidad ciudadana, que actualmente solo son referidas en la retórica demagógica del gatopardismo.
Asimismo, impone trazar nuevas lógicas de probidad y operatividad política y administrativa para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia; fortalecer las instituciones gubernamentales y políticas; consolidar el desarrollo democrático; impulsar el gobierno y el cabildo abierto; fomentar la participación ciudadana; y concretar resultados generando buenas prácticas, que disminuyan los altos niveles de insatisfacción con la democracia.
Para lograr este propósito hay que considerar que en el Municipio libre, como orden de gobierno, el Ayuntamiento está dotado de facultades reglamentarias, es decir, posee la potestad de fortalecer su autonomía, su gobernanza, su legitimidad social y una participación ciudadana estructural, que permita concientizar y encauzar a la ciudadanía sobre la importancia de involucrarse en los asuntos públicos a partir de sumar esfuerzos y voluntades.
En este sentido, unilateralmente los Ayuntamientos pueden explorar y desarrollar un cuerpo de ideas enfocadas a crear reglamentos que regulen las diversas materias que les otorguen mayor poder en su territorio, mayores atribuciones en el desarrollo municipal, mayor capacidad de regulación y mayor potencial para fomentar estructuralmente la participación ciudadana; atribuciones que harán más funcional y eficaz el desempeño de la gestión pública.
El desarrollo de un marco reglamentario que regule el funcionamiento político y administrativo del Ayuntamiento, con disposiciones claras que cuenten con la legitimidad de un amplio respaldo ciudadano, resolverá el problema de la disfuncionalidad institucional y política, que es el verdadero reto para reconquistar la credibilidad y la confianza ciudadana.
Corregir esta disfuncionalidad,implica definir y reglamentar buenas prácticas, que edifiquen relaciones horizontales en el quehacer público; llevar a cabo una verdadera planeación participativa, que se concrete en el ejercicio del Buen Gobierno; y construir acuerdos con la participación de todas las fuerzas políticas, para garantizar los derechos fundamentales, la participación ciudadana, y prácticas de gobierno y de cabildo abierto, dinámica que definirá institucionalmente una nueva forma de hacer políticas públicas y de transparentar la información pública actualizada y de calidad.
Los nuevos Ayuntamientos tienen la oportunidad histórica de crear las bases de una nueva cultura municipalista, integrar nuevas lógicas de innovación del ejercicio de gobierno, y asegurar la conducción de la sociedad en correspondencia con un quehacer público sujeto a los principios, objetivos y directrices establecidos en el Reglamento de un Programa de Desarrollo Municipal, de observancia obligada para el Ayuntamiento y la estructura administrativa.
La atribución reglamentaria del Ayuntamiento, como premisa estratégica, provocará la integración política de la sociedad a una nueva gestión pública que afiance el desarrollo humano, dignifique al ciudadano, concrete oportunidades, reconozca expectativas sociales y proyecte las nuevas dimensiones de la acción política.
No podemos equivocar el camino: los nuevos Ayuntamientos deben ejercer una administración eficaz y eficiente, y como cuerpos colegiados deben ejercer su función política y parlamentaria fortaleciendo el marco reglamentario y presentando iniciativas de Ley al Congreso del Estado para generar nuevas lógicas y diálogos entre los poderes públicos y los ciudadanos.
El salto cualitativo de la organización política y administrativa del Ayuntamiento, sustentada en una Nueva Gobernanza Asociativista, debe desterrar prácticas verticales y erradicar la disfuncionalidad institucional para trascender a un crisol donde la participación ciudadana es el elemento articulador y edificador en la construcción de una democracia real, en la que la sociedad no sólo encuentra sus cauces de acción en la vía representativa, sino a través del ejercicio del poder.
Agenda
- En su informe del domingo 5 de abril, el presidente López Obrador reiteró su negativa de diferir hasta que termine la inactividad a la que obliga la pandemia del COVID-19, el pago de impuestos, las cuotas al IMSS, el pago de luz y otras medidas, en apoyo a las MYPIMES, lo que les daría liquidez, evitaría la insolvencia, la quiebra y la pérdida de empleos formales; ya hay 350 mil desempleados, más otros tantos informales sin ingresos.
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