La promesa fue tener el gobierno “más transparente de la historia”, pero al quinto año de la administración de Andrés Manuel López Obrador la estrategia que prevalece es la de la opacidad. No son casos aislados en que se oculta la información: la evidencia y los datos muestran un comportamiento sistemático en esa línea.
Los decretos con que las megaobras fueron declaradas de seguridad nacional y otros obstáculos para conocer su nivel de avance, contratos y gasto son una prueba de dicha opacidad, hasta el punto en que la Secretaría de Energía se niegue a informar cuál es el presupuesto ejercido en la refinería Dos Bocas, una de las obras emblemáticas del sexenio.
Otra evidencia es el debilitamiento deliberado del INAI y de las unidades de transparencia de las dependencias federales, al bajar sus recursos y frenar en el Poder Legislativo la designación de nuevas o nuevos comisionados del instituto de transparencia, que opera incompleto desde hace casi 200 días.
La falta de actualización de las bases de datos abiertos para conocer distintos indicadores públicos forma parte de la misma política de opacidad, así como el ocultamiento de contratos millonarios en el sector energético, como los del empresario Daniel Flores Nava, director de Proyecta Industrial de México SA de CV, quien era operador del ex aspirante presidencial Adán Augusto López, hasta antes de su muerte en un accidente ocurrido en el mes de julio.
También dan cuenta de la poca transparencia en el sexenio de la denominada “cuarta transformación” hechos como los señalamientos de víctimas, organizaciones internacionales como el GIEI e incluso instancias creadas por el propio gobierno -como el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH)-, sobre el ocultamiento de información por parte del Ejército, que ha sido denunciado por ocultar información del caso Ayotzinapa y de las violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965-1990, mientras el presidente insiste en defender a las Fuerzas Armadas y en negar que éstas actúen con opacidad.
Un hecho más es el ocultamiento de información sobre el uso de los aviones de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional que, ante los reportes de que fueron utilizados en 2021 para trasladar a funcionarios que promovieron la consulta de revocación de mandato, respondió que ni siquiera lleva un registro de las personas que abordan sus aeronaves.
Cuando se solicitó a Presidencia, vía la plataforma del INAI, la lista de personas a las que había trasladado el Ejército a Campeche para presenciar el quinto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su respuesta fue que no tenía la información, que mejor se le preguntara a la Sedena… y la Sedena también negó tener los datos, aconsejando preguntar a Presidencia.
Esta misma táctica de dilación en la entrega de datos se dio cuando se pidieron los resultados de todas las encuestas de opinión realizadas a habitantes en las zonas de construcción del Tren Maya. FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V remitió a Fonatur, y viceversa, finalmente sin transparentar la información.
Un punto más sobre la política de comunicación del gobierno es que, cuando periodistas tienen una consulta, las diferentes secretarías de Estado remiten de forma recurrente a las conferencias matutinas del presidente, en las que prevalece el discurso presidencial sobre los datos duros, y una narrativa en contra de la prensa crítica. El Sabueso ha detectado, en lo que va del sexenio, que el primer mandatario ha emitido más de 100 dichos falsos o engañosos.
Aumentan los recursos de revisión
El porcentaje de recursos de revisión —medio legal para manifestar inconformidad ante una respuesta o falta de ella— presentados respecto del total de solicitudes de información aumentó 3.1% del 2018 al 2022.
Mientras que en el 2018 se presentaron 10 mil 911 recursos de revisión —de un total de 216 mil 759 solicitudes de información—, en 2022 la cifra aumentó a 24 mil 648 en 2022 —de un total de 305 mil 973 solicitudes—.
En tanto, el presupuesto del INAI ha tenido una reducción del 24% entre 2018 y 2023, y acumula meses operando incompleto, luego de que la bancada gubernamental en el Senado de la República se negara, en abril pasado, a nombrar a dos comisionados pendientes desde el año pasado y al sustituto de un comisionado cuyo periodo concluyó en este 2023. Ante la ausencia de tres de los siete integrantes del pleno del Inai, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo en abril pasado que el gobierno y Morena no tenían ninguna prisa en nombrarlos.
“Estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia por que se nombre (a los comisionados)”, dijo el entonces secretario de Gobernación, según se escuchó en un audio filtrado de una reunión con legisladores.
Obstaculizan revisión de datos
Las nuevas plataformas de transparencia de Pemex y CFE no permiten una búsqueda ágil y completa de información en torno a sus licitaciones, ni permiten la descarga de sus bases de datos para su análisis.
El Portal Público de Contratos, donde supuestamente Pemex publica todas las contrataciones que realiza, actualmente no permite la descarga de información de las contrataciones en archivos de Excel, para su análisis, como anteriormente podía realizarse en una página que hoy se encuentra deshabilitada.
Esto mismo sucede en el caso del Sistema Electrónico de Contrataciones de la CFE, en donde la búsqueda de un contrato exige el conocimiento exacto del número de procedimiento y donde es imposible descargar los archivos en una base de datos para su revisión.
Mientras que con el gobierno de López Obrador han aumentado las adjudicaciones directas de contratos, un procedimiento que incrementa las posibilidades de corrupción en las compras públicas.
Este año registra el porcentaje de adjudicaciones directas más alto de los últimos 17 años, dado que el 82% de los contratos se han dado bajo esta modalidad.
De los 92 mil 660 contratos que reporta CompraNet este año, 75 mil 896 han sido por adjudicación directa; un dato que contrasta con cifras del 2007 o 2008 en los que solo el 31% de los contratos se otorgaron de esta forma.
Bases desactualizadas
A lo anterior se agrega que un gran número de bases con información del gobierno en la plataforma datos.gob.mx se encuentran desactualizadas, abandonadas y muestran algún tipo de error o no se encuentran disponibles.
En este análisis de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad con corte a diciembre del 2022, identificó que “de las 12,570 bases de datos con información del gobierno que están disponibles en la plataforma de datos.gob.mx, actualmente el 71% se encuentran abandonadas, sin ninguna actualización al menos en los últimos 24 meses”.
Si se quiere descargar la tabla de sitios con conectividad a internet, como parte del programa México Conectado, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; o bien si desea consultar el archivo con los municipios declarados en estado de emergencia y en estado de desastre debido a los sismos del 07 y del 19 de septiembre del 2017 encontrará que los enlaces marcan un Error 404 y que los recursos no fueron encontrados.
Lo mismo al intentar consultar el Compendio de remuneraciones brutas y netas de los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación durante el ejercicio 2022, se encontrará un mensaje de error que le indicará que el archivo no fue encontrado.
Esto aunque la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que “toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal” debe ser pública y accesible a cualquier persona.
Archivos bajo llave
La administración de López Obrador ha restringido el acceso a información sobre sus proyectos prioritarios, o bien de episodios en los que se cuestiona al gobierno por sospechas de corrupción y espionaje.
Tren Maya
El mismo día en el que la Suprema Corte invalidó el acuerdo emitido por el presidente en 2021 —mediante el cual clasificaba los proyectos prioritarios como “de interés público y seguridad nacional”— en el Diario Oficial de la Federación se notificó un decreto en el que el presidente blindó el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque, de nuevo, como proyectos de seguridad nacional y de interés público.
“Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”, se lee en el decreto.
En el decreto se justifica la decisión de considerar estos proyectos “de seguridad nacional y de interés público” porque el Tren Maya es el proyecto de infraestructura más importante del Gobierno, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum “por su ubicación geográfica” y porque resultan “estratégicos para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur,” y el Corredor Interoceánico “por su ubicación geográfica” “que permite comunicar el océano Pacífico con el golfo de México y el océano Atlántico”.
Asimismo, en El Sabueso se consultaron más de 23 solicitudes de información que diferentes dependencias del gobierno federal respondieron argumentando la reserva de la información. Las solicitudes en cuestión intentaban conocer información en torno a las tierras que fueron expropiadas para la realización de este megaproyecto (330016321000009), demandas de amparo en contra de su realización (330010722000257), así como los trámites en materia de impacto ambiental y cambio uso de suelo forestal (330026722004056).
Aeropuerto Felipe Ángeles
En 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reservó por cinco años el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), esto luego de considerar que existe riesgo de sabotaje y de vulneración de la seguridad nacional.
En una respuesta a la solicitud de información con folio 332724322000167 en la que se solicitaba una copia íntegra del Plan Maestro. A lo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles indicó que “no se puede efectuar su entrega toda vez que los doce capítulos del mismo están clasificados”.
“Los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 12 están clasificados como reservados toda vez que contienen información relacionada con datos técnicos, objetivos específicos, problemática del origen del proyecto, conflictos comerciales y sociales”, entre otros.
El AIFA argumentó que el entregar esta información “constituye un riesgo a la seguridad nacional, ya que la difusión de la información podría ser utilizada por miembros de la delincuencia organizada para consumar delitos de espionaje, sabotaje, terrorismo en contra de las instalaciones del aeropuerto”.
Dos Bocas
Petróleos Mexicanos (Pemex) reservó por cinco años información relacionada con el proyecto de la refinería de Dos Bocas, Tabasco.
Como respuesta a la solicitud de información 1857200027119, en la que le solicitaron a Pemex copia de las licencias, constancias de uso de suelo, en relación con la construcción, desarrollo, y/o instalación del proyecto denominado y conocido como la refinería del puerto de Dos Bocas”
Petición a lo que la empresa respondió que se reservó por cinco años el “Caso de Negocio Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”, “debido a que dar a conocer la información contenida” en dicho documento “dejaría en desventaja competitiva, económica, crediticia, comercial e industrial entre otras, frente a los competidores”. “Así como de seguridad nacional” —señaló Pemex— “por tratarse de la ubicación exacta de una insolación industrial”.
El espionaje de la Sedena
En enero de este año la Sedena reconoció ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que contrató el software de espionaje Pegasus. Sin embargo, ese mismo mes reservó por cinco años información con respecto al software, pese a que el INAI resolvió que la dependencia federal debía de publicar los contratos que mantuvo con la empresa comercializadora Antusa, proveedora de Pegasus.
La Sedena clasificó esta información bajo el argumento de que al dar a conocer esta información se ponía en riesgo la seguridad nacional. Asimismo —en la resolución número CT/RIR/006059/44-2023— la dependencia señaló que divulgar esta información podría poner en riesgo “la prevención de delitos como sabotaje, espionaje y terrorismo”.
Avión presidencial
En respuesta a la solicitud de información 330016323000212 en la que un usuario solicitó la “copia digital del avalúo realizado por este Sujeto Obligado al avión presidencial que fue vendido hace unas semanas al gobierno de la República de Tayikistán” el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) respondió que esta información “es clasificada y reservada en forma total”.
Asimismo, en otra solicitud de información (330003123000209) en la que se solicitaban, en esta ocasión al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), mayores detalles sobre el desperfecto que se encontró en el avión José María Morelos y Pavón, la dependencia respondió que “la información se considera que tiene el carácter de reservada”.
Declaraciones de generales
La SCJN confirmó recientemente la resolución del INAI de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares que participaron en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), las cuales habían sido reservadas por la Sedena “por motivos de seguridad nacional”.
La Corte argumentó que los elementos del Ejército, en su carácter de servidores públicos, “están obligados a la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses, las que deberán hacerse públicas” y que no se demostró “que esa entrega represente un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo a la seguridad nacional”.
A pesar de esta sentencia de la Corte, hasta la fecha no son públicos dichos documentos.
Fuente: Animal Político
