La polémica que acompaña la decisión unilateral de la autoridad educativa de eliminar la prueba ENLACE tiene que ser aprovechada para analizar los beneficios de este tipo de instrumentos en el diseño de la política educativa, así como para identificar los errores que se han cometido en su uso. Tiene que abrir también la posibilidad ya sea a un ENLACE mejorado o a otro instrumento estandarizado censal que permita la evaluación individual del aprovechamiento de estudiantes tanto de educación básica como de media superior, con el fin de orientar políticas educativas en el país. Su revisión puede contribuir a atajar varios de los vicios en el sistema educativo mexicano que han operado en contra de su calidad.
Durante los últimos doce años el sistema de evaluación educativa mexicano se ha fortalecido sustancialmente mediante el creciente uso de las pruebas estandarizadas tanto nacionales (EXCALE y ENLACE) como internacionales (PISA). Estas pruebas, bien diseñadas y bien aprovechadas, pueden ser un instrumento valioso para el diseño de la política educativa, ya que contribuyen a la consecución de diversos objetivos, entre ellos:
1) Determinar en qué medida los estudiantes están aprendiendo los conocimientos y las habilidades que el sistema educativo nacional busca brindar a sus estudiantes.
2) Detectar fortalezas y debilidades particulares de los alumnos en sus conocimientos y habilidades.
3) Detectar si existen grupos particulares de la población en los que el desempeño en estas áreas es particularmente sub-óptimo.
4) Identificar los factores tanto socioeconómicos como estructurales que están asociados al desempeño escolar.
5) Verificar si los estándares educativos definidos por la autoridad gubernamental están siendo alcanzados de forma satisfactoria o no.
Cuando en 2005 el gobierno federal decidió implementar la prueba ENLACE, se buscó establecer un instrumento estandarizado que permitiera una evaluación individual de todos los estudiantes de educación básica de tercero de primaria a tercero de secundaria. Posteriormente se incorporaron las evaluaciones para los alumnos de educación media superior. La prueba hasta ahora ha evaluado el dominio de los aprendizajes de los estudiantes con el currículo, concentrándose principalmente en las áreas de español y de matemáticas con una tercera asignatura que se ha ido rotando cada año con el fin de cubrir el currículo completo.
La información de estas evaluaciones debió haber permitido a las autoridades educativas –federales y estatales, así como a la autoridad escolar (directores y maestros)- realizar diagnósticos del aprovechamiento educativo tanto a nivel individual, de grupo escolar y de escuela. Es preciso señalar que en la aplicación de ENLACE ha participado toda la estructura educativa del sistema básico (jefes de sector, supervisores, apoyos técnicos-pedagógicos, directores de escuela y maestros).
En el sexenio anterior, la autoridad educativa federal decidió aumentar los usos de la prueba ENLACE para incorporarla a la evaluación magisterial dentro del programa Carrera Magisterial. La ineficacia y opacidad con la que se habían llevado a cabo hasta entonces las evaluaciones de los profesores beneficiarios de este programa, y la captura de la estructura evaluadora por parte del SNTE, hizo pensar a la autoridad que mediante un instrumento de evaluación externa en el que reflejara de alguna manera más objetiva al desempeño docente, se podría identificar mejor y premiar a los buenos maestros. Consistente con esta visión, la autoridad decidió además establecer premios económicos adicionales para los maestros de las escuelas con mejores desempeños en estas evaluaciones.
Sin embargo, múltiples errores y omisiones se cometieron y los buenos propósitos debilitaron los posibles beneficios de ENLACE. En primer lugar el diseño de estas medidas ignoró por completo una perspectiva de economía política para entender el contexto institucional en el que se implementaría. La distribución de beneficios económicos en un contexto de captura de la estructura educativa por parte del sindicato, en que las autoridades –jefe de sector, supervisor o director- se han nombrado hasta ahora con base a la lealtad político-sindical y no al mérito, junto con los incentivos naturales de los docentes por querer aspirar a estas remuneraciones, terminó por crear las condiciones propicias para el fraude académico y la corrupción. Tan sólo el año pasado se detectó, por ejemplo, profesores en Nuevo León creando un chat en Facebook para brindar las respuestas a sus alumnos. En un cálculo conservador la autoridad reportó que a nivel nacional se detectaron al menos 6498 estudiantes de primaria y secundarias con resultados en el que se sospechaba copia en sus pruebas ENLACE (El Norte, 18 de septiembre, 2013).
La práctica de corrupción de la aplicación de la prueba se desarrolló con impunidad (ningún maestro fue sancionado por fraude académico) y exhibió, además de los problemas de implementar una prueba estandarizada sin controles adecuados, que la captura institucional del aparato educativo por parte del SNTE es nociva para alcanzar la calidad educativa.
Asimismo la autoridad fue incapaz de transmitir a los padres de familia, a los maestros y a la opinión pública en general el significado de los resultados de ENLACE. Si bien es cierto se han brindado a los padres boletas con los resultados individuales del alumno con un comparativo respecto su grupo y a su escuela, y se distribuyen reportes a los maestros y directores de escuela con resultados de sus grupos de alumnos, estos reportes informan poco. Los resultados sin una explicación traducida a un lenguaje más tangible y accesible dicen poco a los padres sobre el desempeño escolar de sus hijos. No se desarrollaron políticas para reuniones periódicas de maestros junto con sus directores para discutir fortalezas y debilidades detectadas por los resultados para hacer los ajustes de enseñanza necesarios ni mucho menos se buscaron reuniones similares con los padres de familia.
Aunque los resultados de las pruebas se hicieron públicos en medios electrónicos a nivel escuela y estatal, hasta ahora no se han hecho públicas las bases completas de los resultados de ENLACE, lo que permitiría a académicos y analistas de política pública hacer estudios más detallados de los resultados. La aplicación de la prueba tampoco se acompañó de cuestionarios que permitieran detectar las condiciones socioeconómicas de los alumnos o al menos de las escuelas a las que asistieron. No se tiene información sobre la escolaridad de los padres, factor que la literatura comparada ha demostrado influye sustantivamente en el desempeño escolar de sus hijos. Con estaslimitaciones, bajo la premisa de que el sistema educativo mexicano debe rendir cuentas de su desempeño a alumnos, padres y a la sociedad en su conjunto, algunos colegas de otras organizaciones de la sociedad civil decidieron desarrollar rankings de las escuelas. Sin embargo, no controlaron por estos factores socioeconómicos que afectan el desempeño escolar y que lleva necesariamente a un comparativo injusto de escuelas. Experiencias similares se vivieron en Chile con su prueba SIMCE y el establecimiento de un semáforo del desempeño de escuelas, práctica que ha sido abandonada por problemas similares de comparaciones inadecuadas.
Pese a las limitaciones señaladas en ENLACE, la decisión de las autoridades educativas por abandonarla es equivocada y apresurada. Por un lado existe un intercambio de culpas mutuas entre el secretario Emilio Chuayfett, que argumenta que con la reforma educativa la SEP no tiene facultad alguna para evaluar calidad educativa, y el INEE, cuyos miembros de la junta han señalado que la decisión de la desaparición de esta prueba es una decisión exclusiva de la SEP, ya que ellos no tienen facultades para evaluar alumnos individualmente. La decisión sorprende cuando la conferencia del Sistema Nacional de Evaluación Educativa en el que participan los secretarios de educación de los estados se pronunció por su continuidad (El Sol de San Luis, 22 de diciembre 2013).
En el juego de arrojarse la bolita, ambas instituciones han sido incapaces de establecer una argumentación técnica detallada que justifique la eliminación de ENLACE. Los problemas enunciados con ENLACE tienen soluciones técnicas así como de política pública que llevarían a fortalecer el instrumento, no a echarlo por la borda fracturando la continuidad de los esfuerzos por tener instrumentos externos que nos permitan fotografías individualizadas de lo que aprenden los alumnos. Se puede, por ejemplo, disminuir el excesivo uso de preguntas de opción múltiple y sustituirlas por preguntas que impliquen soluciones más detalladas, argumentación analítica de los reactivos. Se puede acompañar su aplicación de cuestionarios de contexto detallados que recojan información socioeconómica de las escuelas y comunidades del alumno.
Es cierto que para entender los resultados del sistema educativo una prueba muestral como la que ha hecho hasta ahora el INEE con EXCALE y la prueba internacional PISA son suficientes. Sin embargo, una prueba censal como ENLACE permite, como se ha explicado, obtener fotografías individuales del aprovechamiento de los alumnos. Abandonar la prueba, cuando está en marcha un estudio que costará poco más de 3 millones de pesos para ver sus fortalezas y debilidades técnicas, parece por decir lo menos, un despropósito cuando no desnuda un posible prejuicio que se tiene en contra de la prueba por parte de las autoridades tanto del INEE como de la SEP.
La omisión de las autoridades al explicar con detalle las razones de esta decisión, junto con una ausencia de una visión detallada de lo que ellos esperan de la evaluación tanto a nivel del alumno, de la escuela, docente por supuesto y del sistema educativo en su conjunto, abre la puerta a sospechas innecesarias sobre cómo pretenden utilizar la evaluación como parte de los instrumentos para mejorar la calidad educativa. Los críticos de ENLACE no han brindado hasta ahora una alternativa en la que se pueda vincular un modelo de gestión educativa con el legítimo derecho de padres y de la sociedad en su conjunto, para que el sistema educativo rinda cuentas de la calidad educativa que le brinda a los niños y jóvenes del país. Si bien es cierto los fenómenos de aprendizaje y enseñanza son complejos y escapan a una visión reduccionista sólo de un instrumento estandarizado, dicha complejidad no lleva a justificar el abandono de estos instrumentos en el diseño de la política educativa.
En la defensa por preservar y mejorar ENLACE, o sustituirlo por otra prueba estandarizada censal, es necesario no cometer nuevamente el error de ignorar que una aplicación no controlada del instrumento puede llevar nuevamente a malas experiencias. Esto sin duda elevará los costos de la implementación, que pueden reducirse mediante soluciones que involucren a la sociedad precisamente como actor fundamental para defender alternativas a favor de la calidad educativa. Similar a lo que ocurre en los procesos electorales en los que el IFE selecciona a ciudadanos comunes para hacerse cargo del recuento de los votos, la autoridad educativa podría explorar un mecanismo para la selección de padres de familia encargados de la aplicación de la prueba ENLACE y así acotar la posibilidad de corrupción. La evaluación docente –tema de otro análisis- no puede circunscribirse a un instrumento estandarizado. Sin embargo, la experiencia internacional reciente demuestra que puede servir como uno de los elementos junto con otros, tales como observaciones en clase, evaluaciones por parte de directores y encuestas a alumnos, para tener una evaluación holística del desempeño de los docentes en las aulas del país. Discutir seriamente la información que producen estos instrumentos con los padres de familia, los alumnos y los maestros en el contexto de la comunidad escolar es indispensable, de lo contrario la erogación importante de recursos para la implementación de estas pruebas resulta muy poco benéfica.
En el diseño de los instrumentos se necesitarán hacer los ajustes técnicos necesarios que permitan controlar por factores socioeconómicos, lo que a su vez permitirá un análisis más responsable de los datos. Finalmente para ello, consistente con una sociedad democrática en la que la autoridad debe rendir cuentas a la ciudadanía de los servicios públicos que le brinda, y más tratándose de la educación cuya calidad es vital para el desarrollo nacional, se debe transparentar absolutamente toda la información que se genere con estos instrumentos. Reitero, la complejidad del proceso de aprendizaje y enseñanza no pueden ser excusas de la opacidad, así como es inadmisible juicios sumarios simplistas con poco rigor metodológico, que aunque tengan buenas intenciones por brindar cuentas a la ciudadanía, terminan por proporcionarles imágenes distorsionadas de los resultados que está arrojando el sistema educativo.
Las aclaraciones de las autoridades educativas de esta decisión tienen que hacerse sin titubeos, acompañadas de una visión de cómo la información proveniente de la evaluación del aprovechamiento de los educandos se utilizará en el desarrollo de políticas públicas para el mejoramiento de la enseñanza y la formación docente. Echarse la bolita y buscar rendijas por las cuales escapar a la responsabilidad que merma a su vez una coordinación eficaz entre autoridades, es un juego conocido en el funcionamiento del sistema educativo que debe terminar de una vez por todas. En el desarrollo de esfuerzos a favor de la calidad educativa, este juego no ha funcionado entre autoridades estatales y la federal desde 1992, cuando se “descentralizó” la educación básica, y no lo hará entre la SEP y el INEE ahora en el marco de la implementación de la reforma educativa.
* Marco Antonio Fernández es Director de investigación de México Evalúa marco.a.fernandez@mexicoevalua.org
Fuente: Animal Político
