Hoy que los cambios políticos en el orbe se suceden de manera incierta, donde el fascismo y el populismo pretenden imponerse como recetas de cocina al ejercicio de gobierno; la conciencia política y social resulta insuficiente para garantizar la viabilidad democrática de las estructuras institucionales.
El desencanto e incapacidad de la democracia representativa, ha hecho necesario impulsar nuevas prácticas que permitan a los ciudadanos participar de manera directa o indirecta en la toma de decisiones sobre los asuntos de carácter público, que legitimen la acción gubernamental y establezcan una nueva dinámica en la relación sociedad-gobierno.
En esta circunstancia el imperativo del Estado es fortalecer la cultura cívica del asociativismo hacia la corresponsabilidad de un gobierno abierto y en público, donde los ciudadanos sean artífices de una Agenda Política que haga del ejercicio público una dimensión empática entre democracia representativa y participativa.
El Lic. Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República, marca el ascenso de un escenario político nunca antes observado en la historia nacional: el tránsito de la democracia representativa a la democracia participativa.
México presenta un déficit del principio de representatividad, producto de un sistema político y de partidos, que ajenos a los intereses de la ciudadanía, han sido incapaces de integrar órganos del poder público que concreten la tarea gubernamental, procesen el conflicto social, y propicien la generación de oportunidades y la estabilidad de las expectativas sociales.
Esta problemática tiene otros andamios explicativos, pero sin duda, la transformación que hoy pretende el nuevo gobierno hace imprescindible brindar reflexiones para el análisis de la democracia participativa como mecanismo capaz de refuncionalizar el sistema político y de gobierno.
En este sentido, la relación entre democracia representativa y participativa, debe combatir las ínsulas de poder ante el peso de arbitrariedades, abusos, omisiones o juego de intereses. Por ello, el apoyo y la fuerza que le brinda el gobierno de AMLO a las consultas públicas que convocan a la ciudadanía a participar en las decisiones gubernamentales, encuentran una particular cabida, reconocimiento y vehemencia en la sociedad.
Empero, el discurso del nuevo gobierno no puede quedar constreñido a la consulta pública, debe impulsar una dinámica que permita la inserción de un creciente asociativismo y horizontalidad en la toma de decisiones públicas; generar mecanismos constitucionales ad doc; y redistribuir el poder político, que hoy se encuentra capturado.
No puede ignorarse que el uso indiscriminado de la consulta pública desató severas críticas por realizarlas sin acatar las formalidades técnicas y legales dispuestas en el artículo 35 de la Constitución, y que el haberlas hecho sobre algo anunciado y presupuestado, las calificó como un refrendo arropado por el manto protector del poder de los electores.
Al respecto Raúl Carrancá, citando a Sartori, expresa que: “para pasar de la democracia electoral… a una democracia donde el “demos” (pueblo) decide por sí mismo cada una de las cuestiones haría falta un nuevo “demos”, un pueblo que esté verdaderamente informado y sea verdaderamente competente”.
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Pero, ¿qué vuelve especialmente significativo el diálogo sobre la participación ciudadana en la tarea pública, en la Cuarta Transformación de la Vida Política Nacional?
Sin duda, la respuesta se encuentra en entender que la democracia es un factor de crecimiento político del Estado, cuyo escenario discursivo debe cambiar para trazar el rumbo en la armonización entre sociedad civil y sociedad política; para que el reencauzamiento del espacio ciudadano disminuya la tensión social y orgánica del Estado, a través del procesamiento del conflicto; y para evitar la representación política ciega o confusa, frente a la participación activa y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones.
La inserción ciudadana en el quehacer público es el imprescindible vector escrutador de su función y de los servidores públicos; así como del juego de pesos y contrapesos, que hace precisamente de la democracia participativa, una dimensión consultiva y colaborativa de las acciones de gobierno; signo inequívoco de que la soberanía nace de la voluntad del pueblo y prescribe el rumbo de la Nación.
La democracia representativa y la participativa están lejos de ser centros antagónicos irreductibles del poder político; son dimensiones que se complementan fortaleciendo las acciones de gobierno abierto, en la construcción de un nuevo paradigma de la cultura cívica, y que demandan como componentes de un Estado Democrático, reconocer constitucionalmente el Derecho Humano a la participación ciudadana.
El reto de un régimen representativo, consiste en asegurar un sistema confiable de elección de los mejores ciudadanos que habrán de convertirse en legítimos representantes populares; regular el desempeño de éstos en el ejercicio de sus funciones, en consonancia con las necesidades, los objetivos y la voluntad de la comunidad a la que representan; y asegurar tanto la transparencia de sus actos, como la vigencia del principio de división y equilibrio entre poderes.
De esta forma, la relación socio-estatal entiende que la democracia se construye a flor de piso, donde el ciudadano procesa desde sus lógicas de asociación, sus aspiraciones frente y con el Estado. Esta reflexión pasada por alto en la democracia representativa, ha incidiendo en las conductas y desempeño de representantes populares y servidores públicos, que han creado parcelas y cotos de poder, propios de un Estado insular.
El malestar social y la tensión orgánica que vive el Estado, se debe al uso y abuso indiscriminado del poder público, cuyo escenario ciego y antitético a los principios valóricos de la democracia y de la política, obstruyen las funciones imprescindibles de armonización social.
En este escenario, es evidente que no basta crear nuevos mecanismos constitucionales para asegurar el colaboracionismo democrático entre sociedad civil y sociedad política; es necesario constituir la fuerza efectiva de la horizontalidad ciudadana en la toma de decisiones y evitar que se vuelven letra muerta como en innumerables ejemplos, que corroen las entrañas del sistema político y de gobierno.
La transformación política del país debe articular, desde la fuerza ciudadana e institucional, un nuevo espíritu valórico de la política, que haga de la democracia un solo crisol: la voluntad de la Nación.
Agenda
- El pasado 1 de diciembre, rindió protesta como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, para el periodo 2018-2024. Su estilo de gobernar se ha impuesto como objetivo la Cuarta Transformación de la Vida Política Nacional, en la que la separación del poder político y el poder económico presagia la extinción de los poderes fácticos y el ascenso de la participación ciudadana en la toma de las decisiones del Estado.
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