La jornada electoral para la renovación de los Ayuntamientos del estado de Hidalgo, prescrita para el 7 de junio del presente año, fue pospuesta debido a los tiempos aciagos de la pandemia del Coronavirus COVID-19, por lo que, se difiere hasta nuevo aviso el registro de candidatos, el inicio de las campañas políticas y la jornada electoral; empero, si para el 5 de septiembre no están electos los nuevos Ayuntamientos, deberán instalarse Concejos Municipales.

Empero, no hay mal que por bien no venga (al menos eso esperamos), ya que las y los candidatos de los once partidos que participan en la contienda, dispondrán de más tiempo para preparar sus campañas político-electorales. En ellas, darán a conocer a la ciudadanía su intención de gobernar al municipio como presidentes municipales, síndicos o regidores; solicitarán a los ciudadanos el apoyo del voto para su planilla; y a cambio de este respaldo político, las y los candidatos comprometerán una oferta de propuestas y compromisos.

Para eso, candidatas y candidatos realizarán un intenso proselitismo mediante publicidad y propaganda, entrevistas en radio, televisión y medios de comunicación impresos, spots en radio y TV, redes sociales, reuniones, recorridos, visitas domiciliarias y debates, con el propósito de ganar simpatizantes para su causa.

Estas actividades tendrían que hacerlas acorde con la visión de las plataformas electorales, sin embargo, como nunca ha sido así, se impone determinar las causas y reflexionar sobre la importancia que podrían tener las plataformas electorales para el ejercicio democrático del gobierno municipal.

En este sentido, de inicio debe admitirse que las plataformas electorales no tienen ninguna utilidad, nadie las toma en cuenta porque sólo son documentos generales, declarativos y retóricos, que los partidos políticos presentaron a la autoridad electoral como requisito para tener derecho a postular candidatos.

Las plataformas electorales no están elaboradas como un documento de compromisos de partidos y candidatos con los ciudadanos; no contienen diagnósticos racionales de la problemática municipal; ni expresan planteamientos concretos que puedan sustentar un programa de trabajo que garantice el Derecho Humano al Buen Gobierno.

Las plataformas electorales se hacen desde los escritorios de las burocracias partidistas y no desde las asambleas seccionales; están vacías de contenidos y compromisos; y no son el vínculo horizontal para un ejercicio de gobierno que edifique la planeación democrática, la toma de decisiones, la gobernabilidad y la lógica política que innove y reestructure el quehacer público, por medio de la co-creación solidaria fundada en la dignidad humana.

Las plataformas electorales deben replantearse para convertirlas en instrumentos capaces de recobrar la credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones políticas y de gobierno, así como para desplazar las peroratas encendidas, las descalificaciones, la guerra sucia y los discursos emocionales y sentimentales, que sólo despiertan percepciones.

Al respecto, Jacqueline Peschard expresa: “Las plataformas electorales deberían reflejar un compromiso a concretar con la participación de las diferentes fuerzas políticas, que garantice los derechos fundamentales, la participación ciudadana y el gobierno abierto, como nueva forma de hacer políticas públicas, y transparentar una información pública de calidad y actualizada, además, deberían pronunciarse por disminuir los altos niveles de insatisfacción con la democracia y corregir la disfuncionalidad de nuestra institucionalidad política y administrativa”.

Esta insatisfacción con la democracia y disfuncional institucional, se reflejan en un pésimo desempeño de la economía, inseguridad pública, deficiente salud y educación, escandalosa desigualdad, pobreza y marginación, exclusión generalizada, corrupción, injusticia, impunidad, opacidad, falta de seguridad jurídica y un frágil Estado Democrático de Derecho.

Las plataformas electorales tienen que asegurar que la soberanía popular adquiera valor y concreción; reflejar los intereses ciudadanos generando oportunidades de desarrollo humano y dignidad social; y avalar que el ejercicio de gobierno adquiera un sentido programático más allá del sufragio, que advierta que los anhelos de la sociedad son los de un gobierno de abajo hacia arriba, en conjunción con la virtud, la probidad política y el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas.

José Woldenberg ha expresado que “Las plataformas electorales tienen que ser el eje rector de los debates para descubrir cuáles son los retos y rezagos, y la forma de atenderlos y superarlos;… en política, la mejor forma de hacerlo es la discusión de los diagnósticos y propuestas para superar la fragmentación, dispersión e inconexión; fortalecer las identidades y las ideologías políticas que están siendo sustituidas por el pragmatismo y el personalismo exacerbados, en medio de un desencanto cuyos nutrientes son la corrupción, la violencia, la inseguridad, el déficit del crecimiento económico y las profundas desigualdades sociales que marcan nuestra relación…”

En esta lógica analítica, partidos y candidatos deben comprometerse a conducir un gobierno horizontal, que impulse la participación ciudadana libre, abierta y plural; atender las propuestas ciudadanas expresadas durante el proceso electoral; elevar el nivel de la cultura política del pueblo en los asuntos la cosa pública; y ser acción palpitante del crisol de la Nación y no comparsa de merolicos o de gurús milagrosos.

Repensar la dimensión operativa y política de las plataformas electorales para ganar la confianza ciudadana, no es una cosa menor ni puede serlo, reclama desterrar el gatopardismo político; propiciar nuevas expectativas de innovación de la gestión gubernamental; y fortalecer el ejercicio del quehacer público, con una planeación democrática y nuevos componentes orgánicos, en un ámbito de pluralidad democrática.

Es tiempo de dejar el México de estructuras partidistas anquilosadas y de candidatos mesiánicos. La lección histórica de hacer gobierno frente a las demandas ciudadanas, es deficitaria. No es aceptable la calamidad política que mantiene subsumida a la sociedad y varado el progreso del país. El México que queremos, impone cambiar el rostro a la política, a los políticos y a los partidos.

La lección del COVID-19 es que debemos superar la vulnerabilidad societal. Hoy gobierno y política no pueden hacerse al margen del pueblo, por que corren el riesgo de terminar en tragedia nacional. Esperemos que lo adviertan los candidatos, candidatas y partidos y hagan de las plataformas electorales el crisol solidario de la Nación.

Agenda

  • La recesión económica contraerá el PIB en 3.54% según la SHCP, mientras que los bancos estiman que la reducción será entre un 8% y un 11%.
  • Está en riesgo la subsistencia del 95% de micros, pequeña y medianas empresas por la falta de liquidez provocada por las crisis de salud y económica, lo que las hará insolventes y provocará su bancarrota. No obstante que generan el 75% de los empleos, el gobierno se niega a otorgarles apoyos fiscales.

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