Pero no porque esté en nuestro ADN, no, de ninguna manera, deviene cómo parte de la debilidad humana, pero sobre todo, se debe a la discrecionalidad que existe en el ejercicio de la autoridad, al descrédito del gobierno y al bajo nivel de legitimidad en muchas de sus acciones. En todo el país, padecemos una corrupción sistémica, misma que responde a una serie de patrones de nuestra vida social desde distintos ámbitos. La corrupción sistémica, se define como el uso sistemático y generalizado de la institución pública para la obtención de beneficio privado, reduciendo la calidad y la cantidad de los servicios prestados. Esta corrupción se extiende como norma en el sistema, se vuelve la regla, aquí se dan patrones de conductas corruptas ascendentes que hacen que el sistema dependa de la corrupción para su propia supervivencia. En el seno de esta corrupción existen incentivos muy enraizados en los funcionarios públicos y en el sector privado que en vez de combatirlos prefieren vivir con ellos por los costos que supone para la sociedad y porque resulta más fácil que pretender cambiarlos.

No se trata de defender los dichos y argumentos del Presidente Peña Nieto, en su conversación a fondo con periodistas, pero si es un tema que tiene consecuencias funestas en nuestra cultura. Y esto se debe a que muchos mexicanos tienen inculcados o enraizados algunos patrones ancestrales que incentivan la corrupción: 1) es persistente la contratación de personal sin concurso público ni basado en calificaciones, que nos lleva al clientelismo y nepotismo; 2) son recurrentes las acciones ilícitas que puede cometer el funcionario por sí solo o en complicidad con otros funcionarios, que nos genera apropiación y malversación de recursos y; 3) acciones que supone la intervención de por lo menos 2 partes, estos son los sobornos. Hablaré por mi estado, Oaxaca; el primer punto es por demás evidente, no existe un servicio profesional de carrera, los puestos se han concesionado a los partidos políticos, lo terrible de esto, es que nuestra pasada legislatura instituyó esta lamentable circunstancia en los órganos autónomos, COTAIPO, ASE, DDHPO y IEEPCO. Respecto al segundo punto, hemos sido testigos de los procedimientos de contratación acomodados que se realizan bajo el amparo de los subcomités de adquisiciones y obras públicas, ahí donde se tienen representantes de las distintas dependencias de gobierno, un ejemplo, la prestación del servicio de laboratorio clínico del Hospital civil, que funciona a medias y donde los equipos ofertados no cumplen con las necesidades del laboratorio; también la compra de toneladas de medicamentos, que hoy ya caducaron sin ser distribuidos. Otra más, la contratación de manera directa del “dragón” de SINFRA, que un día repavimenta las calles y a los tres después, ya tienen baches. El tercer punto lo vemos en los sobornos que existen para “ganarse” las obras y las compras mayores, denuncias hay por doquier de cómo se gesta la adjudicación en mesas cuadradas y con una carpeta de proyectos en mano. Aquí asienta el dicho “crea dificultades para vender facilidades”. Es así que el gobierno se convierte en un agente de intereses sectoriales, particulares y trampolín para hacer “jugosos” negocios.

Es por esto que afirmo, que el problema de la corrupción, si es cultural, es un fenómeno que no se justifica ni forma parte de alguna cultura, sino que es el resultado de una estructura de incentivos políticos, legales, económicos y culturales. Visto desde el ámbito político, estamos batallando para que nuestro derecho consagrado en la constitución, el acceso a la información, sea una realidad; aún padecemos escasez y dificultad para conocer la gestión pública. En este ámbito tenemos también, la discrecionalidad con que los partidos políticos, llámese senadores y diputados, que desde el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se “etiquetan” recursos para sus comunidades, aquí es donde se gestan los moches, los porcentajes que hay que sobreponerle a los presupuestos reales de las obras, que no es una cosa menor. Otro problema en este ámbito se da en la demora en la transferencias de los fondos, constantemente escuchamos quejas de las autoridades municipales, que “a medio año y no les han otorgado los recursos del año fiscal autorizados”, y esto es muy constante cuando el dinero pasa por la Secretaría de Finanzas de los estados.

En el ámbito legal tenemos serios problemas, existen leyes pero su cumplimiento es laxo, tienen argucias que permiten interpretaciones y discrecionalidad no controlada para los servidores públicos. Como ejemplo aquí en Oaxaca, nuestras dos últimas legislaturas nos jugaron en contra, han modificado lo que han querido para que la tipificación de delitos que tiene que ver con el mal desempeño de los servidores públicos, no sean considerados como graves. Tenemos una ley de obras públicas del año de 1998 y que nadie quiere reformarla, ya que así se está muy a gusto. En la ley de fiscalización establecieron que toda la información motivo de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado, será reservada y confidencial, nunca conoceremos si existió malversación u uso indebido de los dineros públicos. En el ámbito económico la corrupción supone una deficiente asignación de los recursos públicos; vemos que los salarios de los servidores públicos de nivel medio o bajo están por los suelos, lo que hace pensar que un “extra” no caería mal; por el otro lado, vemos los gastos excesivos de los mandos superiores; la falta de aplicación del Estado de Derecho nos sale caro, las marchas, plantones, bloqueos y agresiones en nada ayudan a que la economía mejore, hoy lo estamos viviendo. Las adjudicaciones directas a empresas foráneas o de los amigos no permiten una competencia sana para contar con mejores ofertas y una mejor asignación de los recursos.

Por último tenemos el ámbito cultural, si, las deficiencias de los ámbitos anteriores hacen que se formen hábitos. Muchos tienen la costumbre de que se debe seguir beneficiando a las élites políticas o a ciertos sectores, ejemplos los estamos viviendo ahora; muchos siguen apelando a sus parientes o amigos para sacar provecho de situaciones; otros siempre tratan de saltarse las reglas, por cualquier motivo le buscan “las mangas al chaleco”.

Esta visión cultural, cambiará si y solo si, se tenga un enfoque punitivo para afrontarla, la tolerancia cero deberá ser la premisa, se deben imponer sanciones económicas resarcitorias a quien cometa un ilícito. Si no lo hacemos así, pasaremos a ser la república de la impunidad, el país sin sanciones. Sin embargo, no hay que perder de vista que como las decisiones de implementar reformas esenciales para terminar con este flagelo son de naturaleza política, no dudemos que la mayor resistencia para que se implementen, venga del Congreso. Cómo bien dijo el C.P. Arturo González de Aragón, ex auditor de la ASF: hay que tener cuidado de sus intenciones o acciones regresivas, sabemos que nuestros políticos hacen posible lo imposible. El combate frontal será todo un desafío, mientras me quedo reflexionando ¿Porqué no le copiamos a Georgia?

Twitter: @acruzpi

*Consejero Consultivo de la COTAIPO