Al Estado Democrático de Derecho como estructura unitaria de la razón jurídica, corresponde preservar el orden sistémico y garantizar los derechos humanos, como principio inherente de la dignidad del tejido social.
La democracia como régimen político y de gobierno, se encuentra en una de las mayores crisis de la historia; era de obscurantismo político, que advierte resabios fascistas y populistas; empero, debe asegurar la armonía, expectativas y oportunidades jurídicas de los ciudadanos para fortalecer sus derechos humanos y preservar la dignidad, el respeto y la diversidad.
V-Dem Institute, estima que 24 países transitan hoy hacia la autocracia. De acuerdo a Francisco Valdés Ugalde “…el líder explota la carga sentimental de los agravios y la concentra para fortalecer su posición en el camino al poder. Una vez que la fortuna lo inviste, captura al gobierno y arremete contra el estado de derecho, porque le estorban los límites que implica…elimina las instituciones para que se acomoden a su voluntad que es presentada eficazmente como la voluntad del pueblo agraviado…” https://bit.ly/32hwMBg
El “síndrome del autócrata”, aquel líder que de manera vertical pretende controlar o maniatar a las fuerzas ciudadanas y su dinámica social, ha encontrado en la nulificación de los poderes públicos, el instrumento idóneo para retrotraer la historia de las conquistas ciudadanas y encláustralas en la represión populista, aquella que pretende hacer de la ceguera política, la constante de las relaciones entre el Estado y el pueblo.
En este escenario, la despolitización del tejido social, la ignorancia y el control por el estómago de planes y programas sociales, se encumbran como los “vectores imaginativos” de la política del autócrata, quien empeñado en una conducción mesiánica del Estado, viola el Contrato Social y reduce a los derechos humanos al utilitarismo gubernamental.
En este ataque frontal a la dignidad humana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), atraviesa por una complicada relación socio-estatal, donde su defensa merece una seria reflexión de fondo, ante los embates a su autonomía y al rol vital que juega en la transversalidad de las acciones del Estado.
En esta tesitura, la lucha contra el autoritarismo y la autocracia, ante la intervención del Estado en la CNDH, presagia volver al oscurantismo político medieval; donde no existían ni garantías a la dignidad humana ni ciudadanos, sólo intransigencia y vasallos, truncando con ello toda conquista social.
La CNDH es un actor de defensa humana imprescindible para entender la transformación política y democrática que vive México. No puede sucumbir ante apetitos públicos o intervenciones gubernamentales, porque trasgreden de manera lineal la dignidad del tejido social.
Sustantivos resultan los logros de la CNDH en la preservación del tejido social, que se reflejan a través de la de investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos y sus amplias facultades jurídicas, que han permitido custodiar y perfeccionar la toma de decisiones públicas. Estos avances son significativos, pero aún insuficientes, ante la creciente verticalidad del poder con la que debe transigir en la defensa de la dignidad humana.
Empero, la autocracia populista, en magnitud y sentido, pretende presentar una iniciativa de reforma al artículo 102, apartado B, de la Constitución para transformar a la CNDH en una “defensoría del pueblo”, donde la facultad sobre la designación de su titular quedaría en la potestad del Presidente de la República, quién sólo la enviaría al Senado para su ratificación.
Esta situación de verticalidad pública es grave y nociva, porque marca un intervencionismo desmesurado del Poder Ejecutivo, cuyo protagonismo viola tanto los principios de la estructura jurídica, como el espíritu de armonización de los poderes públicos, condiciones de racionalidad plena del valor y la vigencia del Estado Democrático de Derecho.
La política no puede construirse ni constreñirse a la metáfora de la transformación de la nación. La real politik ha marcado en los últimos meses del ejercicio de gobierno un vertiginoso rumbo de la democracia a la autocracia, creando un vacío político insospechado y una peligrosa polarización de las fuerzas sociales del país, que advierte un desencuentro entre el poder del Estado y la sociedad.
En este trazo, es evidente que minar la estructura constitucional de la CNDH, no sólo constituye un despropósito de concentración política del Poder Ejecutivo, al enclaustrar los derechos humanos, sino también, una propensión al utilitarismo de Estado de estos derechos inalienables, que hasta ahora parecen ser la única contención al frenesí de la autocracia, a nivel global.
Este desmesurado intervencionismo y protagonismo del Poder Ejecutivo, que trasgrede el pluralismo político y la autonomía de la CNDH, refuta el compromiso del Estado Mexicano a la protección universal de los derechos humanos, al tiempo que perfila la pérdida de la moralización política del Estado, cuya conducta no puede (ni debe) violar la institucionalidad.
Si realmente el nuevo gobierno desea acabar con el autoritarismo que impugna cotidianamente, y transitar a la democracia, debe fincar como eje central de la Agenda Política, la preservación de la CNDH como institución con plena autonomía. Ello es fundamental para entender que el verdadero actor protagónico del cambio político es el pueblo y no el mandatario. Este es el principio rector de la democracia y no a la inversa.
¿Es pertinente que el gobierno intervenga y cambie la estructura constitucional de la CNDH?
No, bajo ninguna consideración.
La preservación de la vida, las libertades, la dignidad, la autodeterminación política e ideológica, la diversidad sexual, de credo, de raza, de la niñez y la senectud; pacifican y armonizan la interacción societal. Es evidente que tales condiciones de desenvolvimiento humano, afianzan los vínculos socio-estatales, cuando el ejercicio público los preserva y custodia, no cuando interviene o los ataca, por lo que la génesis sistémica de interacción social, fundada en la razón de Estado, debe proteger estos principios inalienables. ¿Se puede ser indolentes ante este imperativo?
Existen razones suficientes para armonizar al Estado con la democracia. No equivocar este camino es importante. Falta trascender de la autocracia al respeto gubernamental de los derechos humanos.
Agenda
- Se llevó a cabo el Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, entre contrastes políticos, económicos y sociales, frente a la discreta marcha del país, la escasez de medicamentos, el crecimiento de la inseguridad, la disfuncionalidad estructural, la crisis de Pemex, las expectativas de un paquete económico que tiene que equilibrar en el gasto público los programas sociales y la prospectiva del pago del servicio de la deuda, agravado por un entorno global de desaceleración económica y a una enorme crisis migratoria.
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