Eso sólo daña la certeza y la credibilidad en una elección tan compleja como la que estamos encarando

La certeza es un principio rector de la función electoral y un pilar central de las elecciones democráticas. La certeza debe ser entendida, por contraposición a la incertidumbre, la falta de transparencia y la especulación, como la claridad respecto de las reglas, de los procedimientos, de los criterios y también de la previsibilidad de los actos y decisiones que toman las autoridades electorales en la organización de los comicios.

La idea es que todos los participantes en el proceso electoral (partidos, coaliciones, candidaturas y la ciudadanía en general) tengan pleno conocimiento y, por lo tanto, confianza sobre todos los aspectos de una elección.

Así, la certeza es una condición indispensable tanto para inyectar legitimidad a los gobiernos y a los órganos de representación política que resultan de una elección, como para que las elecciones cumplan su función básica en un sistema democrático: permitir la renovación del poder político a partir del voto ciudadano libremente emitido y sin violencia.

Si los actos de las autoridades electorales, las decisiones que toman o los procedimientos que instrumentan son inciertos, incomprensibles o imprevisibles (es decir, son arbitrarios, discrecionales e inexplicables), entonces la falta de claridad e incertidumbre pone en riesgo todo el proceso electoral.

No entender lo anterior y pretender que los actos de los órganos electorales se fundan en una mera premisa de autoridad puede convertirse en un auténtico cabo de las tempestades de la democracia y, en lugar de ser un ancla de estabilidad política —como debería ocurrir— esas instituciones terminarán siendo la fuente principal de los problemas.

Por eso, de cara a la gran responsabilidad que tienen esos organismos deben asumir que todas las decisiones que se tomen tienen que ser, además de oportunas, pertinentes y solventes técnicamente hablando, también explicadas de manera pública de modo claro y detallado. Las instituciones electorales deben ser, estoy convencido, potentes órganos de pedagogía y explicación, porque es la única manera en la que podrán inyectar certeza en torno a sus decisiones y actuaciones. La clave está en explicar, explicar y explicar todas las veces que sea necesario.

Me queda claro que muchas de las responsabilidades que tienen a su cargo el INE y el Tribunal Electoral son técnicamente complejas y jurídicamente muy complicadas, pero ambas instituciones están obligadas a exponer de la manera más comprensible y sencilla posible y a través de todos los canales pertinentes (redes sociales incluidas) las razones, implicaciones y consecuencias de todos y cada uno de sus actos y decisiones.

Lo anterior se vuelve fundamental, sobre todo, ante la irresponsabilidad y poca lealtad democrática de los actores políticos que casi siempre están dispuestos a descalificar el trabajo de los órganos electorales, a acusar sesgos o intencionalidades políticas en sus decisiones y, con una falsedad y ligereza preocupantes, hasta a argumentar fraudes, sin reparo ni pudor alguno.

Y en esa tarea, los órganos comiciales no pueden bajar ni la guardia ni la intensidad y claridad de sus explicaciones, so pena de provocar una merma en la certeza que requieren las elecciones y la confianza en su actuación. El INE llegó a este proceso electoral con una credibilidad y confianza pública inéditas (que a finales del año pasado alcanzó el 80%), producto del trabajo bien hecho a lo largo de la última década (al menos). Pero una serie de decisiones desafortunadas, timoratas y condescendientes con los partidos, además de mal explicadas, provocaron que, en el primer trimestre de 2024, tuvieran una disminución de 16 puntos en dicha evaluación (según el reporte trimestral presentado por GEA-ISA en marzo pasado).

Por eso resulta preocupante que medidas controversiales que ha tomado el INE, como la reciente decisión de dar de baja a casi 40 mil ciudadanos inscritos para votar desde el extranjero por presuntas irregularidades en su registro y luego reincorporar a la mitad de ellos (por presentar “irregularidades menores”), haya sido tan confusa, inoportuna y precariamente explicada por el Instituto. Eso sólo daña la certeza y la credibilidad en una elección tan compleja como la que estamos encarando. Ojalá se den cuenta de la enorme responsabilidad que tienen en sus manos y eviten en el futuro errores tan delicados y costosos para todos.

Fuente: El Universal