La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es una de las instituciones sobre las que recaen las mayores expectativas en la lucha que el país sostiene contra la corrupción. Órgano dependiente de la Cámara de Diputados con autonomía técnica y de gestión, la ASF realiza cada año cientos de auditorías mediante las cuales se hacen revisiones sobre el ejercicio de los recursos públicos en los diferentes niveles y entidades de gobierno, así como de los ingresos, la deuda pública y el cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos financiados con recursos públicos federales.

A partir de 2016, el mandato de fiscalización contempla la facultad de revisar —en coordinación con sus contrapartes en las entidades federativas— el uso de los recursos federales transferidos a los gobiernos estatales y municipales, en el marco del Convenio de Coordinación Fiscal. En 2020, esta institución revisa la primera Cuenta Pública (CP) correspondiente al ejercicio 2019 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de los gobiernos estatales surgidos también de la elección de 2018. Lo hace bajo una mayoría legislativa en San Lázaro en manos del partido del presidente, circunstancia política inédita desde que en 2000 la ASF sustituyó a la entonces denominada Contaduría Mayor de Hacienda.

Ante esta excepcionalidad, es pertinente hacer un recuento que escape a la lógica del escándalo efímero provocado por los distintos informes de la ASF —que se presentan el 20 de febrero, el último día de junio y el último de octubre—. Nuestro objetivo es el examen de la institución para conocer si realmente despliega sus atribuciones y lleva a cabo el ejercicio de fiscalización que las circunstancias políticas, sociales y económicas que el país requiere y cumplir las grandes expectativas en torno a su papel en la lucha anticorrupción.

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