“La gran agenda pendiente para México es la reforma al sistema judicial en su conjunto”, afirmó hoy Edna Jaime, Directora General del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, durante su intervención en la Cumbre Sonora realizada en Hermosillo.
Al participar en el panel “¿Qué tan real es el ‘momento mexicano’?”, Edna Jaime resaltó la importancia de contar con seguridad y justicia para que el país pueda crecer. Recordó que 37.4% de las unidades económicas a nivel nacional fueron víctimas de algún delito en 2011. Asimismo, sostuvo que la seguridad de las empresas es clave para una mayor inversión.
Se informó en un comunicado que la Directora de México Evalúa aseveró que las instituciones en materia de seguridad y justicia en el país son muy débiles. Como prueba de la falta de la confianza hacia éstas, destacó la cifra negra de delitos, que es de 92.1% a nivel nacional, así como la tasa de impunidad, que es cercana al 80% en el caso un delito grave como lo es el homicidio doloso.
“Si tuviéramos instituciones fuertes en materia de seguridad y justicia, no habría comisionados especiales como en Michoacán o estrategias nacionales como la del secuestro, ya que los municipios contarían con fuerzas de seguridad suficiente y capaces para combatir eficazmente el crimen y los estados se coordinarían con la Federación por las vías instituciones existentes para consolidar estrategias efectivas de seguridad”, aseguró.
Edna Jaime puntualizó que para transitar hacia una mayor calidad de la justicia hay temas prioritarios que se deben resolver. Se debe empezar por reformar los ministerios públicos del país, desechando algunos incentivos perversos como son la consignación de detenidos para fines estadísticos, la nula sistematización de la información que permita contar con estadísticas, patrones y perfiles delictivos, o la carencia de capacidades técnicas de investigación real de las denuncias. Para ello, la Directora de la organización propuso que la procuraduría tuviera autonomía suficiente para no ser susceptible a manipulaciones, que los ministerios públicos desarrollen capacidades de investigación y estén obligados a presentar evidencia sólida.
De acuerdo con Edna Jaime, otro aspecto fundamental es mejorar la transparencia de los procesos judiciales, sobre todo a nivel estatal. Esto implica que la información, las reglas, las decisiones y las acciones que se lleven a cabo en esta materia sean públicas y que se desarrollen mejores mecanismos de rendición de cuentas al ciudadano.
La Directora de la organización recomendó que se revisen las penas carcelarias en cada estado y que, para algunos delitos, se ofrezcan sanciones alternativas a la prisión como la reparación del daño o el trabajo comunitario, con el objetivo de disminuir la sobrepoblación existente en las cárceles. “El costo de tener a alguien en prisión, que es en promedio de 50 mil pesos al año, muchas veces es mayor a lo robado”, precisó. Recordó que como ha analizado el equipo de México Evalúa en “La Cárcel en México: ¿para qué?”, la sociedad mexicana debe evitar la tentación de abusar del uso de la cárcel como medio para reestablecer la seguridad en el país. “Si abusamos de ella la sociedad y el Estado terminan por dispararse en el pie”, señaló.
Finalmente, manifestó que hacen falta políticas de prevención efectivas para atender las causas estructurales del delito y reducir las oportunidades de delinquir. “Para que sean exitosas estas políticas de seguridad, se deben tener diagnósticos claros y precisos a nivel municipal del problema a atender”, concluyó.
