En el proceso de transición política se han expresado algunas propuestas relativas a la organización de la nueva administración pública, dichos planteamientos, implican ampliar la gobernanza, fomentar la participación ciudadana inclusiva y desechar la parte inoperante y anquilosada de la arquitectura gubernamental vigente.
En este contexto, el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha generado expectativas de desarrollo y seguridad humana, tesitura que impone analizar las ideas expresadas en torno al nuevo diseño administrativo, y sustentar en la acción legislativa la gestión del quehacer público, las actividades de desarrollo socio-político y la planeación democrática del Estado.
Al respecto seguramente se vigilará que las propuestas trasciendan los modelos elitistas, ya que su fundamento tecnocrático obstruye las condiciones de horizontalidad; dificulta el sano desarrollo de las políticas públicas y las prácticas de gobierno abierto; estrecha la participación ciudadana en la toma de decisiones; entorpece el fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos; y complica consolidar los equilibrios de los poderes públicos.
Conforme a este orden de ideas, la ruta a seguir, más allá de intentar hacer valer la preponderancia política derivada del mandato de las urnas que le otorga a MORENA la mayoría en el Congreso de la Unión y en los congresos locales; es iniciar un proceso para darle vida a la Cuarta Transformación de la Nación mediante el establecimiento de una Agenda Ciudadana, que surgida desde la participación social efectiva, activa, informada y deliberante, constituya el vínculo de legitimidad del Estado con la soberanía absoluta del pueblo, al que se tiene que escuchar, entender y atender de manera permanente.
Como espacio público, la Agenda Ciudadana es un escenario de visibilidad social, donde los desafíos de la gobernanza democrática demandan no solo voluntad política, sino una reestructuración institucional que cambie las antiguas relaciones de poder y las prácticas políticas añejas y anacrónicas para enfrentar la conformación de arenas políticas y ciudadanas presentes en los roles de la actual distribución del poder político.
En este sentido, la Agenda Ciudadana se erige como mecanismo rector de las prescripciones de política pública, al tener el interés ciudadano, estar ungido de capacidad decisoria para orientar la toma de decisiones en el ejercicio de gobierno, y ser transversal a las estructuras institucionales. Esta circunstancia impele tres condiciones básicas para la nueva vertebración operativa del aparato público:
- El rediseño de los mecanismos de participación ciudadana y su reivindicación como derecho humano, en conexión a la cultura cívica para la realización-acción de las estructuras sociales;
- La recomposición de la estructura de los poderes públicos, para que sean agentes garantes de la transformación y hagan prevalecer la soberanía del ciudadano en la edificación del Proyecto de Nación; condición que presupone nexos de horizontalidad y asociativismo entre sociedad política y sociedad civil; y
III. Impulsar un Modelo de Cultura Cívica que garantice prácticas de gobierno abierto, parlamento abierto y justicia abierta para una ciudadanía activa y efectiva, que exige marcar el rumbo a la dinámica institucional y no a la inversa.
Este escenario es inmejorable para crear espacios de fortaleza ciudadana al interior del aparato público, ya que reestructuran el sentido y contenidos de la gestión gubernamental, estabilizan expectativas sociales, y crean un contrapeso inmediato a las acciones de interoperatividad del Estado, condiciones que potencian tanto la inteligencia social como la institucional.
Los elementos que apreciamos como génesis de la Cuarta Transformación de la Nación, no deben obviarse ni ser una retórica sórdida, por el contrario, tienen que dar sentido a las exigencias de una sociedad ávida de moralizar al Estado, combatir la corrupción e impunidad, y encauzar el rumbo de la esfera pública con su presencia en la Agenda Ciudadana.
Consecuentemente, es necesario precisar los elementos fundamentales que hoy existen en materia de acceso, procuración e impartición de la justicia; de justicia transicional, en términos jurídico-políticos, a través de una posible amnistía, perdón u olvido, a saber la verdad, a la reparación del daño y a garantías de no repetición; de modificación a las reformas estructurales; de combate a la pobreza, desigualdad, discriminación y corrupción, como formas de saneamiento y reconciliación nacional; de protección a los derechos humanos; de inversión nacional e internacional y gestión de proyectos públicos; así como de un federalismo proclive al desarrollo regional, que reestructure las funciones de los gobiernos locales para armonizar las potencialidades-país.
Con base en estas consideraciones, es obligado admitir que si hoy la sociedad civil reclama su derecho a una ciudadanía efectiva y activa, es porque el Estado no mantiene ni promueve una nueva gobernanza que haga de la dimensión pública un entramado de participación horizontal de la sociedad, condición delicada que genera migración política de la ciudadanía, y crea escenarios de desencuentro con los que el nuevo gobierno tendrá que lidiar y transigir para encauzar el mandato ciudadano.
El peso sustantivo de la disfuncionalidad de las estructuras institucionales y políticas, es otra variable que tendrá que considerar el proceso de transformación del Estado marcando las lógicas de hacer política, no sólo de la clase en el poder, sino también de la sociedad civil, lo que presupone un esfuerzo mayúsculo de pedagogía firmemente sustentada en una política pública de cultura cívica que guíe la construcción de ciudadanía y la mantenga a salvo de procesos de ideologización partidista.
No se debe hacer de la política, la historia fatídica de la Nación. Empero, se debe evitar institucionalizar la ignorancia y exigir que el ciudadano sea el artífice de su gobierno, de lo contrario, la transformación política se convertirá en una deformación societal.
Los desafíos de la Cuarta Transformación de la Nación abren múltiples diálogos y debates políticos. Es fundamental asegurar la interlocución de las nuevas fuerzas políticas con la sociedad civil que las encumbró con su voto, y crear compromisos que no olviden ni posterguen la dignidad humana, porque la democracia, que es de todos, no puede constituir un espacio político excluyente, sino la articulación y reflejo de una Agenda Ciudadana que le da vida a la voluntad del pueblo.
Agenda
- La Red por la Rendición de Cuentas (RRC), convocó al Séptimo Seminario Internacional: “Retos de las Políticas Anticorrupción: de la captura al universalismo en México”. El propósito es plantear las mejores estrategias a la instancia de coordinación de autoridades a cargo del diseño, evaluación y promoción de las políticas públicas anticorrupción. La cita es este lunes 1º de octubre, en el Hotel Camino Real de Polanco.
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