Cuando se habla de justicia, los abogados suelen pensar en demandas, juicios orales, imaginativos argumentos que convenzan a los jueces, sentencias paradigmáticas y jugosos honorarios. Cuando se habla de justicia, la ciudadanía piensa en el remedio de una injusticia. Lo que importa para quien tiene un problema es encontrar una solución accesible, cercana, sin costos, efectiva. Dicho claramente, salvo que se diga en un arrebato, los tribunales y los abogados mientras más lejos mejor.
En las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos puede suceder que se originen conflictos que afecten intereses personales, por ejemplo, cuando se niega una licencia o se coloca el inmovilizador en un vehículo aun cuando no se haya vencido el tiempo pagado. Es posible también que surja un problema por razón de alguna prestación: no se otorgue atención médica o medicamentos; se discrimine a alguien en el otorgamiento de apoyos públicos. O bien, que el problema tenga que ver con algún bien público, por ejemplo, el descuido de las áreas verdes o el mal estado de las vías públicas. La causa del conflicto con el gobierno sucede en terrenos donde se disputa un derecho individual, o social o que concierne al interés general (que no es más que otra forma de decirle a los derechos de todos).
No hay conflicto sin causa. Si se presenta una queja en alguna Comisión de Derechos Humanos o en algún órgano garante de acceso a la información pública, si se acude a la defensoría pública o se contrata a un abogado para demandar a alguna entidad pública ante el tribunal contencioso administrativo, hay alguna causa. En las administraciones públicas están las causas, en los órganos de control se tratan los efectos.
Los informes de los órganos de control nos dan una idea de la problemática. Por ejemplo en el informe del INFODF para 2013, las Delegaciones Tlalpan y Benito Juárez, el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, el Instituto de las Mujeres, entre los principales, son los sujetos con el mayor número de recursos de revisión en su contra.
El IFAI va más allá en sus informes, además de dar tales números, precisa sus causas: En 2012 el IMSS fue la institución con mayor número de solicitudes de acceso 34, 512 (20% más que en el 2011), también tiene el mayor número de solicitudes de acceso y corrección de datos personales: 26, 950 (más de 10 mil que el año anterior). Los mayores porcentajes del IMSS se refieren a pensiones y jubilaciones (35.9%) y semanas cotizadas (25.8%), el 30.1% a datos personales en expedientes médicos. Coincidentemente, en el informe de la CNDH para 2013, también es el IMSS la institución con mayores quejas (1660) que se refieren a negar u obstaculizar prestaciones de los derechohabientes, atención médica y medicamentos.
En las instancias jurisdiccionales, el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal en 2014 emitió 8437 sentencias invalidando actos del Gobierno del D F, y solamente reconoció la validez de 1017 actos. Si a esto agregamos el estudio que realizó el CIDE en 2009 sobre tribunales contencioso administrativos del país resultó que las multas de tránsito corresponden a un aproximado del 50% del total de asuntos ante dichos tribunales. Las demandas reclaman multas no mayores de mil pesos mientras que el costo por juicio representa alrededor de 15 mil pesos.
Los sistemas de gestión de los derechos usualmente están construidos sobre la base de acciones individuales: El derecho de petición, una queja, el registro en algún padrón, un recurso, una demanda, y para obtener respuestas individualizadas: una recomendación, una sentencia. Sin embargo, los motivos de queja y las respuestas forman un conjunto que diagnostica el conflicto, su origen y sus efectos. El IMSS oculta información, niega su existencia, tiene una deficiente sistematización de los datos y el IFAI ordena caso por caso se dé la información a los solicitantes. Los formatos de las infracciones de tránsito son deficientes al igual que la capacitación de los agentes para fundar y motivar las multas. Las resoluciones en cada caso pueden remediar la situación de la persona, los informes nos dan una idea de la frecuencia con que se presentan e indican problemas institucionales.
La inteligencia es la capacidad para dirigir el comportamiento utilizando la información para resolver los problemas. El conjunto de problemas individuales es un problema social. Si una sociedad no orienta la información y no la aprovecha para resolver sus problemas, malogra su inteligencia.
La solución al conflicto no solamente está en anular las multas de tránsito mal impuestas sino en resolver la causa que lo origina ¿es una multa arbitraria?, ¿es un agente de tránsito arbitrario o mal capacitado?, ¿son los dos o tres renglones del formato de multa para mejorar la fundamentación y la motivación? ¿Por qué persiste y se acrecienta la frecuencia de problemas en el IMSS? ¿Por qué sus autoridades no mejoran sus sistemas de gestión de la información y la calidad de respuesta a los derechohabientes?
Cuando solamente se considera una fase del proceso la solución es parcial y no necesariamente la mejor. Es frecuente que ante el aumento de solicitudes o demandas, las instituciones que las atienden soliciten un mayor presupuesto. Se aumenta el personal, se crean más oficinas, se aumentan los juzgados y las salas, pero no se resuelve la causa del conflicto: mejores formatos, agentes capacitados, mejores servicios públicos.
El estudio del CIDE sobre el estado de la justicia contencioso administrativa muestra que el número total de multas anuladas por el Tribunal equivalía a no más de un día del total de multas impuestas. La relación costo-beneficio podría no ser relevante para la oficina de tránsito pero quizás equivalía a la mitad de la carga de trabajo del Tribunal. La “ganancia” para una oficina es ineficiente para otra y, en conjunto, la sociedad pierde. Si como sociedad gastamos 15 mil pesos para resolver un asunto de mil, algo no está bien.
Los Foros de Justicia Cotidiana surgen de la tragedia de Ayotzinapa que proviene de una gran irresponsabilidad institucional. Es, a la vez, la tragedia de lo que todos los días no funciona. El cambio de rumbo hacia una sociedad más justa requiere ir de la estupidez a la inteligencia.
Un primer paso es considerar la información de los problemas. Los informes de la CNDH, del IFAI, de los tribunales están construidos con muy diversas metodologías. Si podemos extraer de ahí con mayor precisión dónde están las fallas institucionales, la fuerza de los problemas, como en el judo, servirá para empujar en la dirección de atender y esforzarse en resolver los problemas.
Por otra parte es relevante una política pública que considere y destaque la “inteligencia institucional” como acción para aprovechar el insumo de información e internalizar como uno de los indicadores de su desempeño la solución de cuestiones que derivan de los cuestionamientos a su funcionamiento por los controles jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Una institución será inteligente si emplea la información para mejorar su funcionamiento.
El 29 de enero en Guanajuato se realizará el Foro sobre Justicia Administrativa, aquí los informes: www.justiciacotidiana.mx @JusCotidiana
