La justicia administrativa es “un eslabón central de la gobernabilidad puesto que se refiere a la manera en cómo interactúan las autoridades frente a los ciudadanos”, dijo Sergio López Ayllón, director general del CIDE. .
En México “no tendremos justicia si no erradicamos de fondo la corrupción”, agregó.
Al inaugurar el foro de consulta sobre Justicia Cotidiana celebrado en Guanajuato, López Ayllón apuntó que esta actividad servirá para abordar “los problemas que aquejan al ciudadano cuando la autoridad pierde toda sensibilidad y olvida que la razón de sus existencia es mediar los conflictos, brindar seguridad y garantizar los derechos de la población”.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), junto con la Universidad de Guanajuato (UG), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), y otras 14 instituciones convocantes, realizaron el foro de Justicia para Ciudadanos como parte de la consulta sobre Justicia Cotidiana.
En la inauguración participaron José Manuel Cabrera, rector de la UG; Carlos A. Reta Martínez, Presidente del INAP; Sergio López Ayllón, Director General del CIDE, y el Secretario de Gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García, en representación del Gobernador Miguel Márquez Márquez.
Por su parte, Antonio Salvador García aseguró que “no puede existir armonía sin justicia” y que este ejercicio de discusión ayudará a tener ciudadanos “consolidados en sus derechos y con más conciencia de su papel en la vida democrática de su país”.
Como parte de la introducción a las mesas de discusión José Roldán Xopa, profesor e investigador del CIDE, dijo que los actos administrativos tienen validez en tanto que son “capaces de conseguir el interés general” y hacer que los ciudadanos “tengan derechos no sólo en las normas, sino en la realidad, en lo cotidiano”.
La periodista Katya D’Artigues presentó los testimonios ciudadanos que ejemplifican situaciones comunes cuando se enfrentan al sistema de justicia administrativo: ineficiencia, arbitrariedad, corrupción, condicionamiento de los derechos, inoperancia, represalias y discriminación. Al finalizar, la discusión se organizó en cuatro mesas:
1) el tratamiento de los conflictos en las administraciones públicas,
2) la justicia contencioso-administrativas,
3) los métodos alternativos de solución de conflictos en las relaciones ciudadanía-gobierno y
4) corrupción y responsabilidad de los servidores públicos.
Las conclusiones preliminares del ejercicio apuntan a la necesidad de fortalecer la justicia administrativa en doce puntos:
- Fomentar el conocimiento de los derechos que tiene el ciudadano ante la administración pública y las instancias para hacerlos efectivos.
- Fortalecer medios alternativos de solución de controversias.
- Ampliar facultades de negociación de los funcionarios públicos.
- Combatir la sobre regulación y multiplicidad de ventanillas.
- Robustecer las garantías de imparcialidad.
- Eliminar contextos que propician la corrupción.
- Hacer una revisión normativa integral para verificar la garantía de derechos humanos.
- Incentiviar la transparencia y el gobierno abierto.
- Fortalecer el acceso a la justicia acercando las instancias al ámbito municipal.
- Regular de forma más estricta a los juzgadores y mejorar su capacitación.
- Automatizar juicios para disminuir tiempo y costo de las resoluciones.
- Incentivar la ejecución de sentencias.
Los resultados, conclusiones y recomendaciones de los Foros serán presentados públicamente durante el mes de marzo de 2015.
El CIDE forma parte del sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt y tiene como misión enriquecer el acervo de capital intelectual y humano del país en núcleos clave de las ciencias sociales.
