Hace un par de años, me buscó el CEO en México de una de las empresas más grandes del mundo. Esta persona tenía un problema muy serio: el gobierno de un estado de la República le debía varios millones de dólares desde hacía varios meses. Estaba a punto de cerrar el año fiscal y la negativa de pago tendría que aparecer en su contabilidad anual afectando todas las finanzas de la empresa. Cuando esta persona se comunicó con sus superiores para explicarles los números rojos en el corporativo internacional, les dijo: “Uno de nuestros clientes más grandes no nos quiere pagar”. Su jefe, un gringo, interrumpió la frase con una respuesta que anticipaba un choque de civilizaciones: “Pues dile al gobierno que te ayude a cobrar”. “El cliente que no nos quiere pagar es el gobierno”. Finalmente, autoridades federales del más alto nivel tuvieron que interceder para obligar al estado deudor a saldar su pago pendiente. Si esto le pasa a una empresa de la lista del Fortune 500, ¿qué ocurrirá con una modesta PyME que ha sido proveedor de gobierno y no puede cobrar la factura?
El mes pasado, el portal de noticias Animal Político presentó un texto sobre los pagos pendientes a proveedores del gobierno de Veracruz. Si jinetear el dinero ajeno fuera deporte olímpico, el mandatario Javier Duarte sería campeón ecuestre. De acuerdo al reportaje, el gobierno de Veracruz le debe 11 millones de pesos a Turner Broadcasting, Fox Televisión y una empresa de comunicación por la difusión de los Juegos Centroamericanos que ocurrieron en noviembre pasado. A los trabajadores de esta justa deportiva les adeuda 7 millones de pesos y a la empresa de camiones ADO, 21 millones adicionales.
El sistema de pensiones de los trabajadores del estado tiene un boquete de 80 millones de pesos, por saldos no cubiertos desde hace varios años. La lista sigue e incluye a unos estudiantes de música que se les debe su beca y a un equipo de baloncesto, los Halcones de Xalapa, que les adeudan seis quincenas. La Cámara de la Industria de la Construcción denunció que el gobierno de Veracruz le debía por lo menos 200 millones de pesos a cerca de 40 empresas distintas, que cumplieron con lo estipulado en contratos de obra pública. A empresarios locales se les debe un monto adicional no determinado.
Según testimonios, una ruta para mejorar el lugar en la lista de cheques a punto de salir del banco es aceptar que cada peso de la deuda sólo tendría 90 u 80 centavos. Esto quiere decir que el funcionario encargado de aprobar el pago negocia “un descuento” para agilizar la transacción. Había escuchado varias historias sobre corrupción en la asignación de contratos, pero en Veracruz se habla de extorsiones desde oficinas de gobierno para saldar deudas contractuales. Ojalá el problema se restringiera a esta entidad que da forma al litoral del Golfo de México.
De acuerdo a cifras citadas en el estudio de Justicia cotidiana para emprendedores, coordinado por el CIDE y el IMCO, 45% de los proveedores del gobierno federal no reciben el pago de sus facturas de forma eficiente y rápida. Sin embargo, las inconformidades son muy bajas por temor a represalias y los costos del litigio. El 90% de estos proveedores son empresas pequeñas y medianas.
La reciente reforma constitucional sobre deuda de estados y municipios obligará a las entidades a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único. Será interesante ver si ese registro efectivamente incluirá los adeudos de gobiernos estatales dedicados a la extorsión en los procesos de cobranza con el sector privado.
Más que repartir subsidios, el mayor esfuerzo que podría hacer la autoridad mexicana por apoyar a las PyMEs y la economía formal sería honrar sus propias deudas en tiempo y forma.
@jepardinas
