La experiencia Irapuato
Por Pedro Carta Terrón
En el año 2020 apareció la Política Nacional Anticorrupción (PNA) y desde entonces prácticamente todas las entidades ya elaboraron su correspondiente versión de Política Estatal Anticorrupción (PEA), cuya finalidad, en todos los casos, es marcar diversas rutas de acción sobre el tema, que ya están siendo atendidas de diversa manera: control interno en las instituciones públicas, reforzamiento de prevenciones en los procesos de impartición de justicia, difusión de la cultura de la legalidad entre la población y fortalecimiento de vínculos y mecanismos de participación ciudadana para erradicar la corrupción de la vida pública, entre otros.
Sin embargo, hay un tema, la INTEGRIDAD EMPRESARIAL, que aparece mencionado en la PNA y en todas las PEA, pero que muestra un enorme rezago en su impulso respecto a todos los otros enfoques y esfuerzos mandatados por estos instrumentos normativos.
En el caso mexicano la integridad empresarial comienza con la instalación en las empresas de las llamadas POLÍTICAS DE INTEGRIDAD, que son el cumplimiento de los siete elementos administrativos preventivos señalados en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Aunque estas Políticas de Integridad son una petición legal y su promoción en las empresas forma parte de la misión programática de los sistemas anticorrupción, su principal urgencia deriva del mercado mismo, pues la integridad empresarial es un elemento cada vez más exigido por las grandes cadenas de distribución como parte del Compliance empresarial de sus proveedores, además de que es un requerimiento expreso en el Capítulo 27 del T-MEC y su ausencia puede representar importantes riesgos y eventuales pérdidas financieras para los sectores exportadores.
Por eso es preocupante la lentitud de la evolución de este tema en todo el país. La planta productiva nacional, especialmente las pequeñas y medianas empresas se van a rezagar todavía más frente a esta colección de requerimientos y ajustes organizacionales que les está imponiendo el mercado.
Es tal el rezago en este tema que todavía es difícil identificar casos relevantes y sostenidos de acciones públicas para promover la instalación de Políticas de Integridad en empresas y una de las posibles razones es que en este tema convergen componentes públicos y privados en tal grado que es demasiado denso como para tratarse fácilmente desde los sistemas anticorrupción o, incluso, desde las políticas públicas comunes de fomento económico de los gobiernos estatales o municipales.
Como para darnos idea:
La eficacia y velocidad de impacto de una política pública de naturaleza como la promoción de la integridad empresarial está relacionada con el nivel de intervención seleccionado por los operadores de la política. Para el caso de las Políticas de Integridad (PI), consideremos estos cinco niveles:
1. Difusión (socializar y posicionar el nombre y los elementos generales de la PI ante el público en general);
2. Sensibilización (posicionar las PI y los aspectos generales de su materialización entre el público focalizado de interés: empresas);
3. Capacitación (ofrecer a las empresas información y formación específica para instalar sus PI);
4. Asesoría (resolver dudas específicas de las empresas respecto de la manera de interpretar o instalar puntos particulares de sus PI);
5. Acompañamiento (apoyar a las empresas en un proceso concomitante de capacitación-implementación hasta lograr la instalación de las PI)
Los niveles intervención presentes en este momento en casi todos los Sistemas Estatales Anticorrupción es el 1 y el 2. Prácticamente todos ya están haciendo esfuerzos en difundir el tema, provocando algunos eventos y acercamientos con el sector empresarial, por lo menos para tratar la preocupación común por el tema.
Solamente unos cuantos han trascendido a los niveles 3 o 4, como los sistemas anticorrupción de Chihuahua o Aguascalientes, que están haciendo esfuerzos por ofrecer indirectamente formación a sus empresas, valiéndose de modelos y consultoras privadas, aun con la limitación de éstas para comprender y armonizar sus intervenciones con la visión pública.
Otro tipo de esfuerzos relevantes es como el de Jalisco, donde ha sido la Contraloría estatal la que ha impulsado un modelo de intervención que incluye capacitación y que premia el esfuerzo de instalar PI con la eventual emisión de un distintivo en integridad empresarial.
En el caso federal, la Secretaría de la Función Pública lleva varios años tratando de hacer prosperar un modelo de distintivo de integridad empresarial, aunque hasta apenas en noviembre de 2022 emitió unos lineamientos para ese fin y en mayo de 2023 puso un sitio web de difusión y material básico de capacitación para las empresas.
Es decir, nuestros principales esfuerzos apenas están trascendiendo a niveles de intervención que incorporen, en el mejor de los casos, herramientas básicas de capacitación y con eso se espera que las empresas instalen sus PI.
Debido a esto nos parece importante exponer un esfuerzo que ha logrado alcanzar el nivel de intervención 5 y que promete lograr una razonable eficacia para instalar PI en las pequeñas y medianas empresas. En función de la geografía de su surgimiento, la denominaremos la “Experiencia Irapuato”.
La “Experiencia Irapuato”.
Esta experiencia se origina en 2020, cuando PNUD México decidió impulsar un proyecto de promoción de la integridad empresarial en Guanajuato. Dicho proyecto fue operado por la Organización de la Sociedad Civil Iniciativas Humanas y Sociales A.C. (INHUS), la cual aplicó un modelo propio de intervención denominado MODELO INHUS. Esta intervención con el Programa de las Naciones Unidas concluyó en 2021, dejando como resultado más de 60 empresas apoyadas en la instalación parcial de algunos elementos de su PI con base en el Modelo INHUS de “Acompañamiento” (capacitación-implementación concomitante).
El efecto de la implementación parcial de PI bajo este modelo llamó la atención del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato (CCEI), varias de cuyas empresas socias vieron los buenos efectos de la intervención no sólo en el tema de integridad, sino colateralmente en otras dimensiones de gestión organizacional de interés para ellas. Estas empresas le requirieron al CCEI ver la viabilidad de contar con algún apoyo para completar todos los elementos de sus PI.
Por tales razones se consolidó una confluencia de esfuerzos entre el CCEI, INHUS A.C. y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) de Guanajuato para implementar una intervención en beneficio de un grupo piloto de empresas de la región para que fueran apoyadas con el Modelo INHUS para instalar, entre finales de 2022 y los primeros meses de 2023, el conjunto completo de sus Políticas de Integridad.
Dicho grupo piloto concluyó la instalación de sus PI en mayo de 2023 y presentarán sus resultados en la Expo Mipyme Guanajuato 2023, en la segunda mitad de junio. En ese evento se presentarán mayores detalles de la Experiencia Guanajuato y el Modelo INHUS de intervención de acompañamiento, que será el contenido de la segunda parte de este artículo.
La culminación de los trabajos con este grupo piloto en Irapuato nos ofreció un interesante aprendizaje sobre el tema. Uno relevante fue verificar la eficacia de un modelo de colaboración entre el sector empresarial (CCEI), el sector social (INHUS A.C.) y el gubernamental (SDES), que es precisamente el tipo de intervenciones que anhelan la PNA y las PEA.
La Experiencia Irapuato y la implementación del Modelo INHUS para instalar PI en las empresas constituye actualmente una de las experiencias más desarrolladas en el país sobre este tema y puede servir de referencia a otras entidades interesadas, gobiernos o SEA, para avanzar con solidez con sus empresas locales.
