El “Presupuesto Base Cero” que había prometido la Secretaría de Hacienda no se tradujo en una mejor planeación del gasto en infraestructura, advierte la coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos.

A pesar de que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 propone una disminución en ese rubro, eso no implica que se haya racionalizado o transparentado el gasto en obra pública, y no hay certeza de que los proyectos incluidos en él sean los que el país necesita.

El gasto de inversión cayó de los 874 mil 530 millones de pesos que se están ejerciendo en 2015, a 690 mil 979 millones de pesos propuestos para 2016, lo que representa un recorte del 21 por ciento. Esto, a reserva de los ajustes que hagan los diputados al aprobar el Presupuesto definitivo.

La reducción de recursos, explica la especialista, obliga a los legisladores a reflexionar sobre la manera en que se ejerce el gasto en infraestructura, pues según estadísticas oficiales, éste no ha contribuido de manera importante al crecimiento económico del país.

Como ejemplo, explica que en 2014 el gasto de inversión creció aproximadamente 8 por ciento; mientras que el valor de la inversión física cayó en un 7.6 por ciento; México gastó más en infraestructura, pero la contribución de ésta al PIB fue menor.

La analista lamenta que la metodología del Presupuesto Base Cero anunciada a principio de año por Hacienda no se tradujera en mayor transparencia respecto a los mecanismos que utiliza para palomear las obras a financiar.

“Esperábamos que se comenzaran a plantar las semillas para que México comenzara a transitar hacia mecanismos mucho más objetivos para hacer un mejor ejercicio del gasto público; esperábamos que se generaran procedimientos más objetivos, maneras de priorizar y de calificar proyectos, precisamente para hacer honor al presupuesto Base Cero”, indica.

Pero no fue así. La especialista advierte que, sin información sobre los criterios a partir de los cuales Hacienda determinó los proyectos a ejecutar, se repetirán las malas prácticas que, en los últimos años, se han traducido en sobrecostos.

“Cuando no hay una buena planeación y cuando se está contratando inadecuadamente, se contratan proyectos muy caros, de baja calidad o simplemente se edifica la obra que no se requiere; cualquiera de estas cosas van a afectar el desarrollo y van a implicar un desperdicio de recursos públicos”, insiste.

Mariana Campos recuerda un estudio de la Auditoría Superior de la Federación, de 2013, en el que se analizaron 80 contratos de obra entre 2000 y 2010, para concluir que el 70 por ciento tenía problemas de planeación. Dichos contratos aumentaron en un 36 por ciento su costo; mientras que el periodo de ejecución de las obras se elevó, en promedio, en un 126 por ciento.

Campos alerta, además, sobre las modificaciones a la Ley de Asociaciones Público-Privadas que actualmente se discuten en el Congreso.

La minuta de ley que ya fue enviada al Senado establece que la Cámara de Diputados “compartirá” con la SHCP la facultad de aprobar proyectos de infraestructura bajo el esquema público-privado a lo largo del año y no sólo durante la discusión presupuestal.

“De hecho, la discusión ya se dio en la Cámara de Diputados, ya se aprobó ahí y, en efecto, lo que dice es que Hacienda sí puede aprobar proyectos de infraestructura a lo largo del año, pero los debe poner a consideración; sin embargo, ponen la palabra ‘consideración’ y creo que en la redacción de la ley debería quedar la palabra ‘aprobación'”, indica.

Otro tema que preocupa la especialista es que se elimine la obligación de la SHCP de entregar, como parte del paquete económico, la evaluación de impacto que los proyectos de asociaciones público-privadas tendrán sobre las finanzas públicas a lo largo de su ciclo de vida.

“Nos parece muy delicado este tema porque creemos que es indispensable que se presente esta evaluación para entender los compromisos de pago que van a ir generando las asociaciones público-privadas no sólo en el corto plazo”, insiste.

Para Campos, la falta de transparencia en el diseño el Proyecto de Presupuesto 2016 y las modificaciones a la Ley de Asociaciones Público-Privadas no son pasos en la dirección correcta, porque reproducen, e incluso agudizan, la opacidad que hasta ahora ha prevalecido en la ejecución de obras.

Fuente: Reforma