Partes de América Latina y el Caribe se han convertido en zonas críticas de la pandemia de COVID-19, exacerbada por estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades.

El COVID‑19 provocará en la región la peor recesión de los últimos 100 años y se estima que generará una contracción del 9,1% del producto interno bruto (PIB) regional en 20201 . Esto podría aumentar el número de personas en situación de pobreza en América Latina en 45 millones (hasta llegar a un total de 230 millones de personas) y el número de personas en situación de extrema pobreza en 28 millones (llegando a un total de 96 millones de personas), poniéndolas en riesgo de desnutrición. En una región que experimentó un número significativo de crisis políticas y protestas en 2019, el aumento de las desigualdades, la exclusión y la discriminación en el contexto de la pandemia afectará negativamente el goce de los derechos humanos y los avances democráticos; situación que, de no atenderse, podría eventualmente derivar en malestar social y disturbios.
Antes de la pandemia, el modelo de desarrollo de la región ya enfrentaba graves limitaciones estructurales: elevados niveles de desigual dad, limitaciones de las balanzas de pagos y exportaciones concentradas en sectores de baja tecnología, lo que se manifestaba en crisis cambiarias y de deuda recurrentes, bajo crecimiento, altos niveles de informalidad y de
pobreza, vulnerabilidad al cambio climático y a los desastres naturales y pérdida de biodiversidad. Los indicadores sociales negativos se veían —y siguen viéndose— agravados por las tasas extremadamente altas de homicidios y de violencia de género, incluido el feminicidio.

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