El día de hoy se conmemora el Día Internacional del derecho de acceso universal a la información. El objetivo de este aniversario adoptado desde 2015, mediante una resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, es promover la libertad de expresión y recordar la relevancia del derecho a saber en la vida cotidiana de todas las personas.
México llega a este día con un sabor amargo. Visto en perspectiva, forma parte de los 96 países que cuentan con una reforma constitucional que reconoce explícitamente el derecho a saber, es de los 138 países del mundo que contemplan un marco normativo específico para hacer exigible este derecho y es del club de los 76 países que, a través de la alianza para el gobierno abierto, mantienen compromisos de apertura de información a nivel internacional, nacional y subnacional. Es de los pocos países de la región latinoamericana que cuentan con órganos autónomos con suficiencia presupuestaria para garantizar y divulgar el derecho a saber. Y sin embargo, el acceso sigue siendo restringido a unos cuantos. Tanto a nivel nacional como en las entidades federativas, son pocos los ciudadanos que acceden a información oportuna y de calidad. Los órganos de transparencia han tenido que resistir frente a restricciones presupuestarias, intentos fallidos de contrarreforma, omisiones en designaciones o francas imposiciones para debilitarlos o controlarlos políticamente. En el caso del órgano garante nacional, después de cinco meses sin poder sesionar, una resolución del máximo tribunal logró que volviera a operar con solamente cuatro comisionados. Este INAI maltrecho no es el que se diseñó tras la reforma constitucional que en su momento mereció elogios y reconocimiento internacional.
La otra cara de la moneda tiene que ver en cómo, en los hechos, se produce, accede, divulga y utiliza la información de interés público.
En lo que va de la presente administración, 58 periodistas han sido asesinados. El 2022, se convirtió en el año más letal para la prensa con una agresión cada 16 horas. El último informe semestral de Artículo 19 confirma que desde el 2017, existe una tendencia que confirma que los mayores riesgos se corren cuando se tratan de documentar e investigar casos sobre corrupción y política; en segundo término, están los casos sobre seguridad y justicia, así como los llamados “casos de nota roja”. En la labor periodística se ha vuelto común la intimidación, el hostigamiento, la descalificación desde el poder o el acoso cibernético mediante dominios y cuentas falsas sin que haya consecuencias frente a denuncias.
Paralelamente, sigue vigente la cultura de la opacidad y leyes que restringen el derecho a la libertad de expresión tipificado como delito en distintos códigos penales del país los “ultrajes a la autoridad”, o los “delitos contra el honor” utilizados para inhibir la labor periodística.
La información relacionada con casos de violaciones graves a derechos humanos es de interés público y debe de ser difundida sin restricciones para poder acceder a la verdad y asegurar la reparación y la no repetición. Por ello, parece una mala coincidencia que la última información sobre el Caso Ayotzinapa pretenda poner punto final a una investigación severamente cuestionada por el grupo de expertos, manipulada por la Fiscalía General de la República, incompleta en cuanto a los archivos militares y por lo mismo, desacreditada por los padres de las víctimas que a falta de respuestas confirman que los intereses políticos siempre estuvieron por encima de los derechos fundamentales.
Fuente: El Universal
