Con seis votos en favor, cuatro en contra y una abstención, el Consejo General del INE determinó que se abran investigaciones de oficio para prevenir que militantes de partidos se infiltren en la estructura de los equipos de capacitadores electorales de casilla.
El consejero Arturo Castillo puso una propuesta sobre la mesa para que, en el supuesto de que el aspirante señale que nunca ha solicitado su afiliación, pero que aparezca registrado como persona afiliada en algún partido político, el árbitro electoral iniciará de manera oficiosa.
“Al cumplir con esta formalidad, respetaremos la presunción de inocencia y la libertad de trabajo de las y los aspirantes y les otorgaremos la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con los demás participantes en este proceso”, planteó
La JDE notificará a la persona aspirante que se iniciará un procedimiento sancionador ordinario oficioso, para determinar la legalidad o ilegalidad de la afiliación; asimismo, la apercibirá y en caso de que se demuestre su afiliación voluntaria, se le dará de baja del procedimiento de selección o, en su caso, se rescindirá su contrato.
La JDE dará vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) en un plazo máximo de dos días hábiles, para que de inmediato realice la investigación y recabe los elementos necesarios para iniciar un procedimiento sancionador ordinario oficioso, a fin de determinar la legalidad o ilegalidad de la afiliación. Al dar la vista, la JDE enviará a la UTCE un expediente con la siguiente documentación:
Oficio de desconocimiento de afiliación.
– Copia de la Credencial para Votar de la o el aspirante, o del comprobante de trámite o la constancia digital de identificación emitida por el INE.
– Impresión de pantalla de la compulsa donde aparece el registro de la o el aspirante como afiliado/a.
Una vez realizada la investigación correspondiente, la UTCE emplazará al partido político, así como a la o el aspirante para que manifiesten por escrito lo que a su derecho convenga.
En otro punto de la sesión, el pleno recibió el informe de la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en la materia que se encuentran en trámite, las sanciones impuestas durante 2016 a 2023 y las solicitudes de información y su atención por diversas autoridades.
El Consejo también impuso a Morena una sanción económica de 62 mil 110.50 pesos por un escándalo relacionado con la impresión con sobre costos del periódico Regeneración.
