El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró un informe sobre Competitividad Social en México. Quizá lo más novedoso de este informe es la forma de entender la competitividad. No se enfoca en factores de producción o en trámites legales, sino en la capacidad de generar bienestar en los hogares.

El Índice de Competitividad Social sintetiza tres dimensiones: 1) educación (analizado a través del índice de educación y ausencia de trabajo infantil), 2) salud (estudiado por medio del índice de acceso a los servicios de salud) y 3) acceso a recursos (examinado mediante el índice de ingreso y prestaciones laborales). El documento permite hacer comparaciones entre todas las entidades federativas, así como sus principales áreas metropolitanas.

La premisa central detrás del enfoque de competitividad social consiste en que es posible generar bienestar para los miembros de una sociedad cuando se logra que el mercado de trabajo actúe como catalizador para la construcción de capacidades básicas para el desarrollo humano. La competitividad social retoma y vincula las dimensiones de salud, educación y acceso a recursos, con el mercado laboral a partir de la construcción de indicadores concretos y observables. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, publicada trimestralmente, es la fuente de información utilizada para la construcción de este indicador.

El informe (disponible aquí) analiza la información desagregada de este Índice, y hace comparaciones entre entidades federativas. Permite identificar no sólo la posición de cada entidad, sino las variaciones temporales y las diferencias en los cambios entre entidades federativas, como se puede ver en la gráfica 2.7, tomada del informe.