La líder de bancada del PAN en la Cámara de Diputados dijo que en caso de que Morena y sus aliados busquen aprobar en “fast track” la llamada “Ley Antiamparo”, la oposición la impugnará ante la Suprema Corte de Justicia.

El líder parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, adelantó que en caso de que Morena y sus aliados insistan en aprobar en “fast track” la llamada “Ley Antiamparo”, esta será impugnada por la oposición ante la SCJN.

En conferencia de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseguró que la propuesta morenista para modificación a la reformar la Ley Reglamentaria de las fracciones 2 y 3 del artículo 105 Constitucional, pretende ser aprobada “a la brava”, pues tiene como fin “blindar” las reformas del Presidente de la República.

Además de que busca destruir el Juicio de Amparo, al permitir que las acciones de inconstitucionalidad puedan ser rechazadas con el voto de sólo 4 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Nosotros habremos de bautizarla como la Ley Antiamparo. Esta es una iniciativa que destruye el Juicio de Amparo… Es un regalito para Andrés Manuel López Obrador”, señaló.

Y es que el líder panista reconoció que, al tratarse de una ley secundaria, bastará con los votos del oficialismo para ser aprobada, no obstante, advirtió que de ser así “estaría destinada en automático, en línea recta, así cuesta abajo para irse a una acción de inconstitucional que la oposición interpondremos ipso facto”.

Por ello, el presidente de la Jucopo consideró que al reconocer Morena dicho escenario, prefirió acordar que esta iniciativa, y la de la reducir a 40 horas la jornada laboral, sean incluidas en los foros nacionales que se llevarán a cabo sobre el paquete de reformas del presidente López Obrador, y quede sin efecto la convocatoria de este jueves de la Comisión de Justicia donde se preveía abordar este tema.

“Si le quieren dar prisa, aquí con muchas ganas se las bateamos y si la llegan a pasar por sus mayorías, inmediatamente la mandamos a la acción de inconstitucionalidad, a ver qué van a opinar los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, manifestó Romero Herrera.

Morena justifica iniciativa

Por su parte, el coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, aseguró que fue él quien propuso aplazar la discusión de la “Ley Antiamparo”, ello al considerar que lo más pertinente era generar un diálogo nacional sobre la división de poderes y la no intromisión de un poder sobre otro.

“Nosotros consideramos que ha habido excesos por parte del Poder Judicial en el momento de interpretar tanto amparos como controversias constitucionales. Y eso ha derivado a que quede en duda el papel del legislador y la autonomía de la Cámara de Diputados.

“Y en ese sentido viene esta iniciativa que nosotros, como Grupo Parlamentario, como coalición, tenemos una posición clara de que debe haber un fortalecimiento de la división de poderes sin que exista un Poder superior a los otros dos”, argumentó.

Cabe recordar que este martes se dio a conocer que diputados morenistas, así como del PVEM y PT, convocaron a las y los integrantes de la Comisión de justicia a sesionar de manera extraordinaria este 14 de febrero, pero sin la autorización del presidente de esta comisión, el panista Felipe Fernando Macías Olvera.

Lo anterior, para analizar en “fast track” una iniciativa del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) con la que se pretende “blindar” las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, ello al reformar el Artículo 105 de la Constitución en materia de efectos de sentencia de acciones y controversias constitucionales.

La iniciativa del morenista plantea establecer que en caso de que una norma general sea impugnada ante la SCJN, y no se alcancen por lo menos ocho votos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será declarada como válida, además de que no tendrán efectos sobre ella las demandas de amparo, juicio o recurso alguno.

Con estos cambios, sólo bastará el voto de 4 de los 11 ministros para tirar cualquier controversia o acción de inconstitucionalidad, evitando que las reformas del presidente, que sean controvertidas por la oposición, sean declaradas inválidas.