La impunidad es sistémica y endémica en México. Así definió la situación en nuestro país el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias, Arbitrarias de Naciones Unidad, Christof Heyns. Al presentar su Informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la reunión de Ginebra en días pasados, Heyns, habló de la misión que realizó en México en 2013, señalando que en nuestro país, las violaciones a los derechos a la vida siguen ocurriendo en niveles alarmantes y que la impunidad es “sistémica y endémica”.

Si por impunidad entendemos “la falta de castigo”; por sistémica que “pertenece a un organismo en su conjunto” y por endémica, que es “propia de determinadas localidades o regiones”, parece claro que la preocupación del Relator Especial está más que en los datos “aberrantes” sobre la violencia y la inseguridad, específicas de nuestra zona (el Reporte muestra que entre 2006 y 2012 se registraron 102,696 homicidios dolosos), en la incapacidad de las autoridades para combatirlas eficazmente, aplicando la ley y sancionando a los responsables. En otras palabras, su reflexión se enfoca en las deficiencias de nuestro Estado para perseguir el delito, castigarlo y lograr abatirlo, para con ello lograr el objetivo último de garantizar el derecho a la vida.

Al hacer su introducción, Heyns reconoce que los encargados de aplicar la ley y perseguir el delito juegan un papel central si se trata de proteger la vida de las personas, es decir, para que el sistema de derechos humanos sea vigente, se requiere de la policía. Sin embargo, cuando se asignan excesivos poderes a la fuerza pública y no hay una reglamentación sobre el uso de la misma, es posible que los “protectores” se conviertan en “violadores” de los derechos humanos. Si lo que se persigue es que el sistema de justicia actúe para castigar a los culpables y lograr disminuciones reales en la comisión de crímenes violentos, es necesario que la fuerza pública esté regulada y sujeta a una vigilancia constante.

Son varios los rubros en que centra su atención el Reporte Heyns. Por un lado, señala que no existen investigaciones serias para determinar con certeza qué delitos han sido responsabilidad del crimen organizado y cuáles de los propios elementos de seguridad del Estado. Ello impide que los casos sobre ejecuciones extrajudiciales que están documentados puedan identificar con precisión a los responsables. Por otro lado, el involucramiento del Ejército y la Marina en las labores de seguridad pública revelan que persiste un enfoque militarista que es inadecuado para lograr el objetivo de garantizar la aplicación de la ley y la protección de los derechos humanos.

De ahí que las recomendaciones del Informe sean reducir urgentemente el involucramiento de los militares en labores de las policías; asegurar que juzgados civiles enjuicien a militares acusados de violaciones a derechos humanos (lo cual finalmente se logró) y aprobar una ley general que regule el uso de la fuerza en todo el territorio nacional, pues si bien algunos estados ya cuentan con una ley en esa materia, es indispensable que la norma alcance a todas las instituciones del país encargadas de la seguridad pública.

El hecho de que el Informe del Relator Especial para las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU abordara el caso mexicano, revela que en este campo nuestro país ocupa una posición preocupante y fuera de lo aceptable. De ahí la necesidad de pasar del compromiso expreso del Estado mexicano de apegarse a los estándares internacionales, al de ponerlos en práctica y vigilar su aplicación por parte de los encargados de perseguir el delito.