En México se recaudan pocos impuestos porque, de distintas formas, nuestro sistema fiscal privilegia a las personas que concentran la riqueza. Uno de estos ejemplos es el hecho de que en nuestro país no se cobren impuestos a las herencias multimillonarias.
En los últimos años, y particularmente durante esta crisis, diversos sectores a lo largo del mundo se han preguntado cómo los sistemas tributarios podrían contribuir a solucionar uno de los problemas más graves de nuestra época: las consecuencias de la concentración extrema de riqueza. Apenas esta misma semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos —organismo integrado por países ricos del que México forma parte– publicó un informe sobre la importancia de gravar las herencias, sobre todo en un contexto global en el que los Estados necesitan más recursos para enfrentar la crisis.
En México el impuesto a las herencias fue eliminado en 1962. Para algunos autores, esta medida fue una concesión a las élites para impulsar la reforma fiscal de ese año y aumentar la recaudación. Evidentemente, esto no se logró. A la luz de este fracaso, discutir este impuesto en la Reforma Fiscal anunciada para el 2022 sería un acierto por parte del Estado mexicano. Para contribuir a este debate, y como parte de nuestra serie de investigaciones sobre #PrivilegiosFiscales, en Fundar analizamos el caso de la Exención a las Herencias Multimillonarias, donde proponemos que solo las personas que reciban una herencia superior a 8 millones de pesos paguen este tipo de impuestos. Conforme a nuestras estimaciones, un impuesto de este tipo solamente aplicaría para el 1% de la población de mayor riqueza.
Bajo nuestro esquema, la exención vigente del Impuesto sobre la Renta podría ser modificada para así cobrar un impuesto progresivo a la herencia, en donde la tasa impositiva varíe entre el 10 al 35%, es decir, conforme a un esquema similar que ya pagan las personas asalariadas. Esto significa que lo que pagaría una persona sería solo sobre lo que recibe. Por ejemplo, transmitir un patrimonio de 8 millones de pesos a dos personas en partes iguales no generaría el cobro de este impuesto. Así, las herencias superiores a los 68 millones de pesos –herencias imposibles de recibir para la gran mayoría de la población–, la tasa que podría pagarse sería del 35%.
Para evitar que las y los contribuyentes de mayores ingresos eviten pagar este impuesto —algo muy común en otros países, pero que por fortuna está cambiando—, nuestra propuesta contempla algunas medidas mínimas a considerar, como modificar el tratamiento fiscal a los fideicomisos privados y el impuesto vigente a las donaciones entre familiares.
De gravarse las herencias podríamos esperar un efecto doble: aumentaría la recaudación y disminuirá la desigualdad de oportunidades. En el primer aspecto, resulta complejo estimar con precisión cuánto incrementaría la recaudación, pues el SAT se niega a proporcionar información estadística sobre el tema. Sin embargo, podríamos darnos una idea al tomar el caso de Chile, un país con características similares al nuestro y cuya recaudación por este concepto va del 0.09 al 0.87%.
Este impuesto, además, contribuiría a disminuir la desigualdad de oportunidades. Dado que el capital está cada vez más concentrado y sus rendimientos son cada vez más altos, las personas herederas del capital tendrán una ventaja significativa sobre quienes solo reciben un salario. De manera concreta, esperamos que las brechas intergeneracionales se atenúen: recordemos que de las personas más ricas en el país, al menos 14 de los 17 enlistados en 2018 provienen de familias con altos montos de riqueza.
Contrario a lo que comúnmente se piensa, discutir la implantación de un impuesto a las herencias no iría en contra de las tendencias internacionales y no es una medida injusta. Nuestro país atraviesa una fuerte crisis sanitaria y económica que se ha visto agravada por la escasez de recursos públicos. Gravar las herencias multimillonarias contribuiría a solucionar este grave problema. No aumentar ni crear nuevos impuestos solo le conviene a los sectores más ricos de la población.
* Emmanuel Ramírez e Iván Benumea son parte del programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.
Fuente: Animal Político
