La consolidación de la participación ciudadana y la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción son los principales retos que el próximo gobierno deberá enfrentar, coincidieron académicos y funcionarios.
En el cuarto panel “Hacia una política nacional anticorrupción en México: retos para la nueva administración” Marieclaire Acosta, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) destacó que el organismo que encabeza tiene una historia muy corta y carencias, como la falta del nombramiento de un fiscal que lo dirija, le han impedido funcionar de manera adecuada para el castigo de actos de corrupción.
Consideró que este fenómeno no sólo se limita al desvío de los recursos, sino también está presente en el ámbito de la seguridad, por lo que la próxima administración deberá poner su mirada en este sector, así como en el acceso a la justicia.
David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), planteó la homologación de las leyes contra la corrupción y del manejo de los recursos en las entidades federativas, a efecto de eliminar la “dispersión” de regulaciones y actuar de manera más eficiente en la persecución de irregularidades.
“Hay muchos temas en los que debemos tener legislación similar, necesitamos dar continuidad a las auditorías, ello constituye un puente entre la mejora de la gestión pública y una rendición de cuentas efectiva”, aseveró.
Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal, indicó que se requiere el establecimiento de métodos de selección de los magistrados locales con el fin de garantizar que los perfiles privilegian los méritos, lo que contribuye a mantener la independencia y autonomía de las resoluciones que emiten.
Advirtió que “los esfuerzos contra la corrupción no se agotan con leyes o instituciones, la participación de la sociedad y la voluntad política son fundamentales para este fin”.
Ricardo Salgado, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), enfatizó que uno de los retos más importantes es la implementación de una “política hábil” que de manera progresiva ataque las causas de este fenómeno.
Mauricio Merino, coordinador del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) del CIDE, señaló que ha habido problemas para la aplicación del este sistema Anticorrupción, por lo que comentó que “en una política pública es fundamental tener claro cuál es el problema central a atacar, sabemos que la fragmentación de instituciones había impedido la operación del marco normativo para identificar las causas de la corrupción, promovía la falta de coordinación y la impunidad de las personas que cometían ilícitos”.