Imagina un país donde los diputados y senadores no representen a los ciudadanos que votaron por ellos, sino que sean una oficina de mero trámite de las disposiciones presidenciales, donde las elecciones las organice el propio gobierno, sea él quien las califique y determine quién ganó. Donde la defensa de los derechos humanos se realice desde las propias oficinas gubernamentales y todas las denuncias que se presenten por actos de corrupción o arbitrariedades y abuso de poder fueran investigadas por los mismos acusados.

Imagina que no hay ningún mecanismo de transparencia, que es un derecho constitucional no aplicado pues nadie obliga a las autoridades a publicar nada, donde los datos del gobierno sean incuestionables y absurdos, el maquillaje de cifras sea cotidiano, en donde las autoridades puedan hacer públicos tus datos personales que tengan en su poder para exhibirte, extorsionarte o intimidarte, sin que nadie les ponga un freno. Donde a quienes hablan mal del gobierno se les desaparece o en el mejor de los casos se les invente un escenario para desprestigiarlos y así someterlos. Un lugar donde los jueces de todos los niveles estén supeditados a los deseos presidenciales, y si en algún momento de expropian tu casa, te clausuran tu negocio o te meten a la cárcel injustamente no tengas defensa alguna porque ningún juez atenderá lo que digan la constitución.

Esto no es una ocurrencia, así era el México del siglo pasado, y no fue hasta que un incansable trabajo de la sociedad civil obligó a los gobiernos en turno a crear órganos constitucionales autónomos que organizaran y vigilaran las elecciones, que custodiaran el derecho de acceso a la información, que protegieran los derechos humanos, fue una conquista ciudadana de años, no se trata de un modelo de derechas o izquierdas sino de exigencia de organizaciones que no quitaron el dedo del renglón hasta ver conseguidas esas victorias para tener un gobierno más controlado, con verdaderos contrapesos. No, no era todo perfecto, había muchas cosas que aún estaban mal, pero al menos estábamos en el camino a seguir empoderando a la ciudadanía y conteniendo el poder ilimitado. Siendo este nuestro pasado, es terrible ver como se asoma para ser nuestro futuro. El presidente ha declarado que le deja como un pendiente a su candidata la extinción de los órganos constitucionales autónomos, recogiendo todas sus funciones en la Secretaría de Gobernación o de la función pública o en la oficina de presidencia; así como realizar una reforma judicial que contribuya al control del poder Ejecutivo sobre el poder Judicial, donde se pongan juzgadores 10% capaces y 90% fieles a quien los designó, como algunas ministras que ya tenemos en la suprema corte puestas por este gobierno. Ya imaginamos un país sin democracia, totalmente autocrático, de ahí venimos y si no nos ponemos listos para allá vamos. No permitamos que las conquistas ciudadanas de la sociedad civil a lo largo de tantos años se pierdan de pronto, en un plan C.

Fuente: Milenio