Este informe actualiza y profundiza el presentado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información en el mes de mayo [2], sistematizando las condiciones institucionales y prácticas de gestión registradas en los 15 países que conforman la red, para garantizar el Acceso a la Información Pública (AIP) en el contexto de emergencia sanitaria desatado por la pandemia del COVID-19.
En aquella oportunidad advertimos que el AIP presentaba un atraso estructural en la región aún antes del ingreso a la excepcional situación actual: casi en el 70% de los países consultados no existen prácticas o diseños de instituciones que se ajusten a los estándares internacionales. Y destacamos también que -ya en el marco de la emergencia- el 50% de los países registraban demoras en las respuestas a las consultas, y el 70% de nuestros miembros consideraba que era escasa y/o mala la
información que sus gobiernos publicaban sobre las compras y contrataciones.
Mejorar diseños institucionales para garantizar el derecho de acceder a información es un aspecto clave pero difícil de atender en el contexto inmediato; sin embargo, sí parece posible analizar y abordar la calidad de la información que se publica. Por eso, este nuevo estudio observa nuevamente los aspectos estructurales, pero revisa con mayor atención el tipo y calidad de información clave que los gobiernos generaron y publicaron de manera proactiva para permitir a la ciudadanía conocer
las políticas, inversiones, gastos, estrategias y resultados de gestión relevantes en el manejo de la emergencia sanitaria, entre inicios de mayo y mediados de junio de 2020.

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