Como pocas instituciones en México, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) fue, desde sus orígenes una respuesta a la necesidad de la sociedad mexicana que exigía que los actos de gobierno, los asuntos públicos y el ejercicio de los recursos se hicieran de manera transparente. En momentos propicios para su desarrollo –como lo fueron los primeros años del foxismo- y en otros de coyuntura más complicada, como lo fue el inicio de la tutela de los datos personales y la lucha contra el narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón, el IFAI se hizo acompañar de organizaciones sociales, de instituciones académicas y de voces críticas autónomas que le permitieron ser la institución consolidada y con reconocimiento internacional que es ahora.
Detrás de la reforma constitucional promulgada en febrero de este año estaba el reclamo de fortalecerla, darle más facultades, más autonomía, más independencia frente a los intereses políticos; “más dientes” como se dice coloquialmente. Y así fue.

En la primera resolución en la cual el nuevo diseño institucional se puso a prueba, el Pleno del IFAI se dividió y dijo no por una mayoría de 4 contra  3, a la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  Los artículos que serían sometidos a revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran el 30, 189 y 190 los cuales se refieren a la reserva de la información y a la vida privada y protección de datos de carácter personal. http://inicio.ifai.org.mx/Historico/Sesión%20de%20Pleno%2013-08-14.pdf 

El punto más controvertido es el contenido en el título octavo de dicha ley, según el cual, los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados y proveedores de servicios, de aplicaciones y contenidos están obligados a colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica de las personas, en tiempo real, a través de sus equipos de comunicación móvil. También permite el acceso a dichas instancias gubernamentales a una base de datos que contiene los detalles de todas las comunicaciones realizadas por los usuarios en el transcurso de los últimos dos años. http://rendiciondecuentas.org.mx/ley-federal-de-telecomunicaciones-y-radiodifusion/

El IFAI se esperó hasta el último día en el que vencía el plazo para llevar el asunto al pleno y a pesar de que 219 organizaciones, solicitaron y fundamentaron la pertinencia de la acción, los Comisionados Kurczyn, Monterrey, Acuña y Puente optaron porque  la SCJN no se pronunciara sobre la constitucionalidad de la Ley. Paradójicamente meses antes, el IFAI , con el pleno anterior, interpuso una acción en contra de las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales que generó preocupaciones idénticas.

La reacción de organizaciones sociales, académicos e instituciones (como el INFODF que sin contar con las atribuciones trató de presentar una acción de inconstitucionalidad) ha sido inmediata. http://rendiciondecuentas.org.mx/accion-de-inconstitucionalidad-y-reforma-telecom/  ¿Por qué optó el IFAI por esta vía? El tema del espionaje ha generado la falsa premisa de que los derechos fundamentales pueden ser vulnerados por “una buena causa” como lo es la seguridad nacional. México no es el único país que se encuentra en este debate, Estados Unidos, Alemania, Francia, Siria, China, Nueva Zelanda, Canadá y Gran Bretaña han enfrentado escándalos de espionaje gubernamental hacia la ciudadanía, algunos con el aval y otros no, de sus legislaciones nacionales.

Con su decisión, el IFAI asume el costo político de la reforma en materia de telecomunicaciones, una reforma prioritaria para el Presidente Peña y de cuya constitucionalidad dudan los propios legisladores. En medio del linchamiento mediático hacia el IFAI, inicia la discusión sobre la legislación secundaria en materia de transparencia y acceso a la información que le dará sentido y fundamento a su actuar institucional. Si se quiere un resultado favorable, como ya sucedió en el pasado, la institución tendrá la difícil tarea de contar con la legitimidad y el acompañamiento adecuado para enfrentar intereses adversos a la transparencia y a la  rendición de cuentas.