El IECM otorgó a la coalición oficial 65.2% de los diputados locales, dándole una sobrerrepresentación ilegal de casi 15 puntos porcentuales que deberá de corregirse.

En la reciente elección al Congreso de la Ciudad de México, la coalición del gobierno recibió 2 millones 710 mil votos, el 50.5 por ciento, mientras que las opciones opositoras sumaron 2 millones 659 mil votos, el 49.5 por ciento. Una elección cerrada, prácticamente dividida en dos mitades iguales en términos del sufragio popular. Sin embargo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en el último momento y alterando sus acuerdos previos, le otorgó a la coalición oficial el 65.2 por ciento de los diputados locales, dándole una sobrerrepresentación ilegal de casi 15 puntos porcentuales que deberá de corregirse jurisdiccionalmente. Veamos el caso en cinco breves apartados.

Primero: el convenio electoral del oficialismo. En febrero de 2024, Morena y sus aliados presentaron un convenio de candidatura común para contender de forma conjunta en 29 de los 33 distritos uninominales de la capital. En su convenio, los partidos señalaron que de las 29 candidaturas a diputados de mayoría relativa local, 24 serían postulaciones de Morena, tres del PVEM y dos del PT. Así lo aprobó el Consejo General del IECM, el acuerdo quedó en firme, y así se llegó a la jornada electoral.

Segundo: resultados electorales y distribución de diputados locales conforme a la norma. Los partidos de la coalición del gobierno ganaron 27 de los 33 distritos electorales locales: 22 con postulaciones de Morena, más las tres del PVEM y las dos del PT. Morena obtuvo el 28.8 por ciento de los votos de los capitalinos al Congreso local, por lo que al aplicar el límite constitucional de sobrerrepresentación de 8 por ciento, a lo más podría recibir 36.8 por ciento de los 66 diputados locales, es decir, 24 legisladores. El PVEM obtuvo el 12.4 por ciento de los votos, así que con sus tres diputados uninominales, recibiría cinco de representación para sumar ocho, el 12.1 por ciento de los asientos. El PT, con 9.9 por ciento de la votación y dos triunfos uninominales, tendría derecho a cuatro plurinominales para llegar a seis diputaciones, el 9.1 por ciento del Congreso. La coalición del gobierno, con 50.5 por ciento de los votos se haría con 38 diputados locales, el 57.6 por ciento del total, todo dentro del límite de ocho puntos de sobrerrepresentación que ordena la Constitución. Las oposiciones se quedarían con 28 diputaciones, el 42.4 por ciento de los asientos. Esa fue la asignación que se consignó en el proyecto de acuerdo que iba a votar el Consejo General del IECM.

Tercero: la burda trampa. Una vez contados los votos y antes de que se hiciera la distribución de plurinominales, el 8 de junio, siete candidatos postulados por Morena que ganaron en sus distritos, dijeron que preferían ser reconocidos como del PVEM y del PT. Así, Morena pasaría de tener 22 triunfos a solo 15, con lo cual en vez de recibir dos plurinominales se haría de nueve. El PVEM tendría no ocho sino once diputados y el PT iría de seis a ocho. Una treta para ganar en la mesa, cambiando las reglas después del partido, seis diputados adicionales y llegar a 43, el 65.2 por ciento de la Cámara, con una sobrerrepresentación de 14.7 por ciento y, a la vez, comprimir a la oposición al 35 por ciento de los diputados cuando obtuvo el 49.5 por ciento de los votos de la ciudadanía capitalina.

Cuarto: la autoridad electoral se somete al poder y viola la ley. La zafia trampa habría sido solo una anécdota de no haber sido avalada por cinco de los siete consejeros electorales del IECM. Patricia Avendaño, Mauricio Huesca, Sonia Pérez, Ernesto Ramos y Bernardo Valle son los consejeros que, habiendo protestado hacer valer la Constitución, consumaron el timo. Desconocieron las reglas del convenio de coalición que ellos mismos habían aprobado y reasignaron diputados al antojo del gobierno. Al no solo ignorar, sino violentar los principios constitucionales en materia electoral de independencia, autonomía, certeza, objetividad y legalidad, incurrieron en una abierta causal de remoción de sus cargos.

Las consejeras Carolina del Ángel y Erika Estrada, en una digna demostración de que es posible mantener la integridad personal y profesional, no se prestaron a la maniobra.

Quinto: la ruta para limpiar el desaseo. Corresponde al Tribunal Electoral local o, en última instancia, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restituir la legalidad en la integración del Congreso de la Ciudad de México, en apego a la voluntad popular depositada en las urnas.

Fuente: El Financiero