“¡Liberen a Humberto Moreira!”, pide una manta de apoyo colocada hace unos días a las afueras de la embajada de España en México. En ella se recrimina al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y a Manlio Fabio Beltrones, dirigente nacional del PRI:
“¿Por qué lo están dejando solo?”.
La lona, firmada bajo el evocador nombre de El sentir de Coahuila, dirige a un blog en donde se pide a la ciudadanía en general que envíen testimonios y fotos para comprobarle “a todo México” que ahí está el dinero de la deuda.
Bueno sería si en verdad se pudiera documentar con precisión la ruta de quienes facilitaron el desfalco a Coahuila -incluidos los directa e indirectamente beneficiados-, y que esta información sirviera para desentrañar la madeja de complicidades y responsabilidades, para así resarcir el daño causado a la sociedad.
Nada de esto parece suceder en México. En su libro más reciente sobre corrupción política y lavado de dinero, Edgardo Buscaglia señala que en países democráticos con sistemas judiciales efectivos y una sociedad civil vigilante, detenciones por casos de corrupción detonarían investigaciones patrimoniales y decomisos importantes que involucrarían a diversos actores, incluido el sector privado. El “Moreirazo” muestra no sólo las consecuencias de una gestión gubernamental sin controles y sin rendición de cuentas, sino que además permite que la normalización de la corrupción lleve a que un sector de la sociedad no use su voto como castigo, sino que acepte esta realidad con el fatalismo de que “robó, pero hizo obra”.
Humberto Moreira está bajo proceso, pisó la cárcel y quedó libre bajo fianza por los delitos de desfalco y lavado de dinero, no en una cárcel mexicana, sino en España. Lo que se sabe a través de los medios de comunicación sobre las investigaciones que han emprendido la Fiscalía Anticorrupción en España y la justicia americana es que dinero del gobierno de Coahuila fue enviado a cuentas de Estados Unidos para comprar propiedades y bienes y que, además, Héctor Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas de Moreira, detenido y declarado culpable en Texas por fraude y lavado de dinero, creó fondos en el paraíso fiscal de Bermudas.
Se sabe que durante su gestión como gobernador, la deuda de Coahuila creció en más de 200 por ciento, hasta ascender a 36 mil 625 millones de pesos, y que parte de los préstamos que recibió fueron tramitados con documentación apócrifa. Se sabe también que bajo el régimen de Humberto Moreira, los ciudadanos de Coahuila, además de contar con derechos de residencia, adquirieron una deuda de 12 mil 383 pesos cada uno.
El contexto y la forma en la que se da la detención de quien también fuera presidente del PRI brinda pistas sobre el tamaño del desafío que enfrentamos para atajar la corrupción. Las herramientas normativas vigentes en México no sirven para desmantelar redes de corrupción ni permiten reparar el enorme daño social que provocan. El camino que falta por recorrer para disolver el vínculo perverso entre corrupción, política e impunidad empieza por las leyes y la construcción institucional, pero le sigue el de una sociedad capaz de indignarse y de exigir que sus representantes sean llamados a cuentas.
Fuente: Reforma
