26/02/2025
Por Sergio López Ayllón
El reconocimiento del derecho de acceso a la información pública y la implementación de una política de transparencia en el Estado mexicano fue un camino largo y lleno de obstáculos. Desde la primera Ley Federal de Acceso a la Información en 2002, hasta la creación del INAI en 2014, el país avanzó en la construcción de un sistema de transparencia.
Aunque imperfecto, para el final de la segunda década del siglo XXI, la cantidad y calidad de la información pública de México era significativamente mejor que la que teníamos en 2002, y el ejercicio del derecho de acceso era accesible para todos.
Al presidente López Obrador nunca le gustó la transparencia. Le parecía banal, inútil y cara. Las mañaneras eran, en su concepto, un mecanismo mucho más eficaz de “rendición de cuentas”. Entre otras razones, por eso decidió desaparecer el INAI mediante una reforma constitucional en 2024.
El pasado viernes, la Secretaría de Gobernación envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de “nueva” Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. A primera vista, y con modalidades en la redacción, la propuesta mantiene la estructura y el contenido de la ley anterior. Se conservan los principios fundamentales como el de máxima publicidad, así como excepciones limitadas con prueba de daño para reservar información. Los procedimientos para solicitar información y presentar un recurso de revisión permanecen casi intactos.
La diferencia crucial radica en el diseño institucional. Con la desaparición del INAI, el modelo vuelve a 2002: cada poder del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tendrá su propio órgano garante. En el caso del Ejecutivo, se crea “Transparencia para el Pueblo”, un organismo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. A diferencia del IFAI y del INAI, este nuevo ente carece de autonomía y estará encabezado por una sola persona designada directamente por la Presidenta.
El impacto de este cambio no es menor. El INAI recibió en 2024 más de 16 mil recursos de revisión provenientes de la administración pública federal que resolvieron siete comisionados. En el futuro una sola persona decidirá sobre ellos. Es cierto que los particulares podrán recurrir sus decisiones en amparo, que ahora serán desahogados por tribunales especializados. Pero esta ruta tiene costos en dinero y tiempo, que en muchos casos la hacen inviable.
La iniciativa de ley debe ser aún discutida y aprobada en el Congreso. Difícilmente habrá cambios significativos. Ojalá, al menos, se reconsidere para darle un carácter colegiado.
En suma, aunque en el papel los cambios puedan parecer menores, la realidad apunta a un retroceso. La centralización de las decisiones y la falta de autonomía del nuevo organismo son señales preocupantes de una tendencia hacia la opacidad. Como dice el dicho, lo que mal empieza, mal acaba. Al tiempo.
https://www.milenio.com/opinion/sergio-lopez-ayllon/entresijos-del-derecho/el-dificil-futuro-de-la-transparencia
Fuente: Milenio Diario
