En México, la conquista del derecho de acceso a la información no ha ido de la mano de la lucha y la exigencia por la producción, conservación y gestión de aquélla documentación que puede ser relevante para la ciudadanía. Las inexistencias de información, la falta de criterios homologados en la gestión documental en todo el territorio nacional, la poca profesionalización en archivística y la desarticulación entre normas afines, han generado abusos y complicidades en detrimento de una adecuada rendición de cuentas.

Ante esto y gracias a la reciente reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a  la información, un nuevo diseño institucional se perfila. El hecho de que la discusión sobre una Ley General de Archivos se esté haciendo casi simultáneamente con la de la Ley General de Transparencia es en si una buena noticia. También lo es que el Archivo General de la Nación se esté proyectando, de la mano del IFAI, como la nueva cabeza de sector.
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A decir de Mercedes de Vega, directora del AGN, las coordenadas de un sistema nacional de archivos deben de incluir los lineamientos, directrices de observancia obligatoria y criterios interpretativos en los tres poderes públicos y en los tres niveles de gobierno. Se trata de un diseño en el cual debe prevalecer una centralización normativa pero una descentralización operativa y administrativa de carácter federalista que garantice guiar la actividad archivística sin violentar las autonomías estatales. En este sentido, aunado a los cambios normativos se debe de diseñar una política capaz de modificar dinámicas y comportamientos institucionales para generar una nueva cultura archivística. Para ello se requieren tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, se necesita promover y ampliar institucional y socialmente  la cultura archivística a escala nacional para favorecer su uso y exigencia en la rendición de cuentas, transparencia y protección de datos. Para ello, la vinculación con actores clave como organizaciones sociales, instituciones públicas e instituciones académicas especializadas, nacionales e internacionales,  se vuelve un factor fundamental. En segundo lugar, se necesita la coordinación y vigilancia de la modernización de los archivos en todos los niveles de gobierno. Para ello se deben de contemplar herramientas de evaluación y monitoreo que permitan detectar oportunidades y áreas de mejora. Finalmente, se deben fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y  financieras de los archivos para la protección y salvaguarda del patrimonio nacional del país

La tarea no es fácil ya que el “mal de archivos” en México, como diría Jacques Derrida, no solo consiste en quien controla los archivos y la memoria sino en la falta de una política de archivos, como origen y mandato, que garantice a los ciudadanos el acceso, constitución e interpretación de la documentación del quehacer cotidiano de la gestión pública sobre la cual se deben de rendir cuentas a la sociedad.