En otro momento señalamos que el Poder Judicial de la Federación participa en el Sistema Nacional Anticorrupción, a través del Consejo de la Judicatura Federal, en su carácter constitucional de órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la judicatura federal, con excepción de las atribuciones que en esas materias corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1
En ese sentido, debemos recordar que el Sistema Nacional Anticorrupción nació como una respuesta a los altos índices de corrupción dentro de las instituciones federales y locales, así como para homologar y coordinar las acciones en la materia entre todos los órdenes de gobierno a efecto de generar un estándar nacional que permitiera su prevención, erradicación y sanción de conformidad con los más altos parámetros internacionales.
Ahora bien, tras 8 años en funcionamiento, la experiencia nos muestra que el Sistema Nacional Anticorrupción, a pesar de contar con avances normativos, estructurales y de política pública importantes, 2 se encuentra aún en proceso de desarrollo y consolidación por parte de las instituciones públicas del Estado Mexicano. En ese sentido, uno de los retos más complejos por superar para el Sistema Nacional Anticorrupción lo representa la aceptación, involucramiento y participación decidida de la totalidad de los Poderes de la Unión, así como de los entes gubernamentales que integran la Administración Pública Federal.
Por ello, desde nuestro punto de vista, la designación en 2023 de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para Presidir a ese Alto Tribunal, constituye una invaluable oportunidad para abonar a la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción dentro del Poder Judicial de la Federación y, particularmente, es relevante para todos los integrantes de la judicatura federal, en el contexto del fortalecimiento de los valores del servicio público, la ética, la cultura de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Por su importancia, es necesario resaltar el contenido de los objetivos específicos que componen las Líneas Generales de Trabajo propuestas por la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández a sus pares integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente con relación a la consolidación del combate a
la corrupción:
- Aplicación integral del Sistema Nacional Anticorrupción en el Poder Judicial de la Federación.
- Renovación y fortalecimiento del procedimiento de responsabilidades administrativas, mediante la emisión de una regulación específica, clara y concreta en el Consejo de la Judicatura Federal.
- Propuesta relativa a la emisión de un Acuerdo General sobre medidas anticorrupción.
- Propuesta relativa a la emisión del nuevo Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.
- Creación de una Comisión Anticorrupción integrada por representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral, para armonizar la aplicación del Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción, a fin de otorgar certidumbre en el combate a estas conductas.
Dichos objetivos, como puede apreciarse, constituyen las bases para la implementación plena y la institucionalización de la Política Nacional Anticorrupción en la judicatura federal, entendiendo esto en el contexto de lo que podríamos denominar una necesaria Política Judicial Federal en materia de combate a la corrupción.
Recordemos que, con posterioridad a la entrada en funcionamiento del referido Sistema Nacional Anticorrupción, en el ámbito legislativo se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, posteriormente se expidió una nueva Ley Orgánica para adaptar la regulación vigente en esta temática al ámbito del Poder Judicial de la Federación.
Internamente, la judicatura federal desarrolló acciones orientadas a combatir la corrupción realizando modificaciones en su estructura y funcionamiento, particularmente con la creación de las Unidades o Direcciones Generales de Investigación de Responsabilidades Administrativas como órganos especializados en la materia.
Además, se emitieron nuevos Acuerdos Generales en materia disciplinaria, se expidieron novedosos formatos y se actualizaron las plataformas digitales para favorecer el cumplimiento de los deberes de todas las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación en materia de situación patrimonial y de intereses.
En ese contexto, resulta claro que la nueva gestión del Poder Judicial de la Federación, estará orientada en consolidar los esfuerzos que previamente iniciaron pero es necesario culminar para garantizar que se cuente con una política institucional adecuada, homogénea y funcional para la prevención, disuasión y combate a la corrupción.
Algunos aspectos que nos parece necesario tomar en consideración como parte de la implementación de los esfuerzos anticorrupción que actualmente se encuentran en curso en el Poder Judicial de la Federación, como parte de las Líneas Generales de Trabajo de la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, son los siguientes:
a) El diseño claro y preciso de una Política Judicial Federal alineada a la Política Nacional Anticorrupción hoy en día vigente, de tal manera que las acciones emprendidas por la judicatura federal tengan un parámetro correlativo a nivel nacional y permitan esfuerzos institucionales conjuntos y homogéneos, tal como es el propósito de trabajo coordinado que sustenta al Sistema Nacional Anticorrupción.
b) El emprendimiento de un desarrollo digital homologado para todo el Poder Judicial de la Federación en las materias o temáticas que comprende la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción (verbigracia el sistema electrónico de denuncia o de servidores públicos sancionados), ya que hoy en día se cuenta con sistemas dispersos para el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral. Una vez que se cuente con dicho desarrollo, se podrá estar en aptitud de efectuar su
alineación con los diferentes subsistemas de la mencionada Plataforma Digital Nacional.
c) Fortalecer el trabajo de la Comisión Anticorrupción del Poder Judicial de la Federación, con la asesoría y acompañamiento de los órganos técnicos especializados de la propia judicatura federal en la materia, para brindarle
elementos que, sustentados en la práctica, faciliten y agilicen los trabajos de revisión, depuración y armonización normativa, así como la expedición de nuevos instrumentos jurídicos y administrativos con plena funcionalidad
homologada para el combate a la corrupción. 3
d) Brindar apertura y máxima transparencia a los procesos de denuncia contra la corrupción en el Poder Judicial de la Federación, como parte de la disciplina judicial, la investigación y sanción de los actos que atentan contra la ética y la legalidad, sin dejar de observar las garantías y derechos del debido proceso administrativo.
e) Difundir y socializar la Política Judicial Federal Anticorrupción, fomentando el involucramiento, así como la participación ciudadana y académica; inclusive generando espacios de debate y foros de retroalimentación que favorezcan la política judicial en la materia, como medio para transitar a la recuperación de la confianza social en el sistema de impartición de justicia.
Finalmente, consideramos que -como toda política pública- el desarrollo de los objetivos planteados en materia anticorrupción en las Líneas Generales de Trabajo propuestas por la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministra Norma Lucía Piña Hernández, requerirá de un proceso de implementación, continuidad y retroalimentación al que habrá que dar seguimiento y que posibilitará – a la postre- advertir y medir los resultados obtenidos en tan delicada temática para la judicatura federal; el tiempo nos dirá si la ruta emprendida al respecto es la adecuada para afrontar los retos que representa el combate a la corrupción en una de las instituciones más importantes para el Estado Mexicano
1 Artículo visible en: https://www.rendiciondecuentas.org.mx/cinco-propuestas-para-fortalecer-al-poder-judicial-de-la-federacion-en-el-marco-del-sna/
2 La Política Nacional Anticorrupción puede consultarse en la página de internet: https://www.sesna.gob.mx/politica-nacional-anticorrupcion/
3 Cabe destacar que hoy en día ya se cuenta con avances importantes en los trabajos de revisión, depuración y
armonización normativa. Al respecto, se sugiere consultar el vínculo siguiente:
https://aristeguinoticias.com/2606/mexico/crearan-codigo-de-etica-del-poder-judicial/
Autor: Miguel Ángel Gutiérrez Salazar
