Esta semana se dio a conocer la última edición de la Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental que realiza el Inegi cada dos años. Este ejercicio registra información valiosa sobre el calvario que enfrentan muchos ciudadanos al momento de entrar en contacto con las autoridades, ya sea para realizar un trámite o para acceder a un servicio público básico o urgente. Su metodología permite contar con una fotografía nacional sobre la evolución o la involución del trato que dan los gobiernos a los ciudadanos en cada una de las entidades federativas.
La primera evidencia apunta a que la corrupción no se elimina por decreto. El costo de los sobornos para realizar trámites o acceder a servicios sigue siendo de 9 mil 500 millones de pesos. Esta cifra es menor a lo registrado en 2019, sin embargo, todo apunta a que la razón está más en la automatización de servicios que en una mejora en los actos de autoridad o en las capacidades de las burocracias.
La pandemia y las políticas de distanciamiento social obligaron a adoptar una recomendación que se venía haciendo desde hace años: la eliminación de intermediarios en los puntos de contacto en trámites y servicios. De esta manera, más de la mitad de los encuestados (54.5 por ciento) tuvieron una interacción con el gobierno a través de internet y se duplicó el número de quienes lograron realizar sus trámites, pagos o solicitudes por este medio. Sin coyotes a la vista, la demanda de servicios tuvo, en general, una mejor respuesta. Los ciudadanos también reportaron, en general, mejor trato. Esto no quiere decir que la calidad final de los servicios haya mejorado como por arte de magia. Por ejemplo, el pago por recolección de basura, aunque disminuyó, sigue saliendo del bolsillo de un número importante de ciudadanos: 28.5 por ciento de los hogares en zonas urbanas tienen que pagar por este servicio. El costo semanal en estas familias es de 15 pesos. No sabemos si este pago está vinculado o no a una cadena más amplia de sobornos, lo que sí se sabe es que por este servicio que debiera ser público, un grupo de familias paga más de 90 millones de pesos. Otros servicios públicos básicos como el mantenimiento de calles y avenidas, las carreteras y caminos libres de peaje, el transporte y el alumbrado público tienen tasas de satisfacción por abajo del 41 por ciento. El contacto con la policía ocupa el último lugar de la lista con apenas el 25 por ciento de aprobación.
La mayor cantidad de sobornos se siguen presentando en el contacto con autoridades de seguridad pública en donde no hubo mejoras. Las personas afectadas tuvieron que pagar en promedio 3 mil pesos. Los espacios en los que se ejercen actos de autoridad como los ministerios públicos, los tribunales, o los trámites para abrir una empresa son los más señalados como fuente de sobornos.
Tal vez esto explique que en general la percepción sobre la existencia de la corrupción de ventanilla no ha tenido grandes modificaciones: 86 por ciento sigue pensando que hay corrupción y 14 mil 701 personas de cada 100 mil ha sido víctima de un soborno.
Los datos de INEGI permiten conocer en qué entidades se registraron cambios positivos y cuáles son los trámites y servicios por entidad, que requieren automatización, vigilancia social y transparencia. Con ello no se eliminará por completo el fenómeno de la corrupción, pero sin duda mejorará mucho el acceso a los servicios a los que todos tenemos derecho.
Fuente: El Universal
