En fechas recientes mucho se ha hablado sobre la modernización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea y que desde el año 2000 ha venido consolidando una etapa en las relaciones entre ambas partes, estableciendo nuevos vínculos políticos, comerciales, financieros y de cooperación.

Esta modernización va de la mano con las reformas implementadas por México en lo que va del período 2012-2014: energética, telecomunicaciones, competencia, sector financiero, fiscal, educación, política-electoral y transparencia.

De hecho, el 12 de junio en el marco de la II Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), celebrado en la ciudad de Bruselas, el Presidente de México y los Presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea acordaron iniciar la negociación y modernización del Acuerdo, resaltando, incluso, a los derechos humanos como una prioridad bilateral.

Podemos afirmar que la libertad para participar en la política y debatir se han insertado en la cultura política y sucesivas reformas han aumentado la rendición de cuentas de las instituciones políticas. Aunque la tendencia general del sistema político mexicano apunta al refuerzo de las instituciones, la democracia electoral y la economía de libre mercado, aún quedan múltiples retos por superar: la desigualdad de ingresos sigue siendo una de las más elevadas del mundo, el Gobierno tiene dificultades para proveer seguridad ciudadana básica en varias regiones del país, el poder legislativo no logra el consenso con facilidad, los partidos políticos han erosionado su legitimidad, y el poder judicial y la policía siguen teniendo que hacer frente a prácticas de corrupción profundamente arraigadas.

Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la importancia de incorporar mayores criterios de gobernanza e incidencia social en las relaciones bilaterales. Como propuestas podemos mencionar: a) incluir componentes de buena gobernanza a la cláusula sobre democracia; b) la creación de un Comité Consultivo Mixto del Acuerdo, el cual se instauraría como un órgano colegiado, incluyente, representativo y de interlocución entre la sociedad civil mexicana y europea con los gobiernos de ambas partes; c) el establecimiento de un Observatorio Social que coadyuve en la evaluación del cumplimiento y los efectos del Acuerdo Global; d) la elaboración de estudios de sustentabilidad para medir las repercusiones del Acuerdo en los sectores más desprotegidos de la sociedad; e) el reconocimiento de la Unión Europea hacia el Mecanismo Consultivo para el Diálogo Sociedad Civil Instituciones de Gobierno de México-Unión Europea; y g) un diálogo político de alto nivel sobre gobernanza sobre temas relevantes para ambas partes: migración internacional, gobierno abierto, transparencia, pueblos indígena, seguridad ciudadana, derechos humanos, medioambiente, entre otros.

Al ejercer su capacidad de acción, México y la UE deben influir en el sistema internacional a través de una agenda que corresponda con su propio modelo de integración regional basado en los derechos humanos, la buena gobernanza, el respeto por los intereses de los diversos actores del grupo interregional, la igualdad, el multilateralismo y el derecho internacional. Con tales indicativos, la actualización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea deberá reconocer, por tanto, a la sociedad civil como actor clave para el enriquecimiento de temas globales.