La Ley General de Transparencia y sus derivados (el Sistema Nacional de Transparencia y la Plataforma Nacional) son el principio de una sofisticada maquinaria que tiene por intención hacer que usted y yo podamos acceder a información. Sin embargo, este esfuerzo de construcción institucional requiere para su correcto funcionamiento de materia prima: información. Y en el tema de documentar el ejercicio cotidiano de las organizaciones públicas, México enfrenta un panorama sombrío.
En una reciente investigación sobre transparencia en el país (www.metricadetransparencia.cide.edu) encontramos que la mayoría de las organizaciones responden solicitudes de información en el plazo legal, que suelen hacerlo con celeridad y que las respuestas se entregan principalmente en formatos electrónicos. Estas son buenas noticias. La mala es que, en promedio, las respuestas incluían sólo 63% de la información solicitada (que, por cierto, era de obvia publicidad). En otras palabras, se confirmó que hemos trabajado mucho en consolidar los mecanismos de acceso, pero que hemos hecho poco por fortalecer los procesos de gestión documental. Es decir, usted puede preguntar lo que quiera, seguramente le responderán, el problema es la calidad de la respuesta.
Una causa de esta situación es que la documentación de las decisiones no es rutina en muchas organizaciones y que la ausencia de un adecuado control de documentos y expedientes no conlleva ninguna sanción.
En la misma investigación que cito, visitamos archivos gubernamentales para conocer procesos, infraestructura y condiciones laborales. El resultado es preocupante: municipios que no tienen continuidad en expedientes; archivos albergados en almacenes industriales, sin esquemas de protección civil, que se pueden perder en un instante con consecuencias devastadoras (recordar que la tragedia de la guardería ABC parece originarse en un archivo de la Secretaría de Finanzas); poderes Legislativos y Judiciales sin control de documentos administrativos; archivos históricos dañados por la humedad; archivos cuyo funcionamiento depende de la lucidez del personal; y un penoso etcétera.
La rendición de cuentas implica que los servidores públicos y nuestros representantes informen, expliquen y justifiquen sus decisiones. No podrán informar nada si no hay reglamentación adecuada, instituciones habilitadas y personal capacitado. México pierde información, pues en la imprudencia y la falta de control se diluye la memoria. El tema no es menor.
La reforma en transparencia de 2014 atisbó la necesidad de atender la gestión documental al mandatar la creación de una ley general de archivos y un sistema nacional. Los proyectos están por discutirse. El AGN y el CIDE reflexionarán este viernes 18 de septiembre sobre el tema. El objetivo es puntualizar que los archivos gubernamentales trascienden el ámbito acotado de anaqueles y cajas, y que atender de manera comprehensiva la situación representa una oportunidad para transformar cómo funcionan las organizaciones públicas de México.
Fuente: El Universal
