En 2014 el gobierno del estado adquirió de manera irregular un sofisticado equipo de intervención telefónica que tuvo un costo de 17 millones 500 mil pesos destinado para fortalecer la estrategia del combate al secuestro, de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aunque fue en septiembre de 2014 cuando policías de Iguala y miembros del crimen desaparecieron a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala y mataron a seis personas más, tres normalistas entre ellas.
De acuerdo con los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionados con la Cuenta Pública de 2014, disponibles en internet, el gobierno de Guerrero incurrió en irregularidades al adquirir el software interceptor de comunicaciones.
La compra del equipo, revela la Auditoría con Enfoque de Desempeño: 14-A-12000-14-0790 que fiscalizó la operación de los recursos procedentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se llevó a cabo en medio de una turbia contratación que concluyó con una adjudicación directa.
Se añade que en ella no se fundó ni motivó “la excepción de la licitación pública nacional, por lo que no se acreditó que la adjudicación se realizó bajo criterios de economía, eficacia, imparcialidad, honradez, que garantizarán las mejores condiciones en el estado”…
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