A finales del mes de diciembre el Ejecutivo Federal presentó un plan para el combate al robo de gasolinas, situación que no es nueva y con la que se ha tenido que lidiar desde administraciones anteriores. De acuerdo con los datos presentados por Petróleos Mexicanos, en los últimos tres años, el robo de gasolinas ascendió a 147,000 millones de pesos (Pemex, 2018), situación que sin duda significa grandes pérdidas para la paraestatal. El objetivo de la estrategia que está en marcha es acabar de tajo con el robo de combustible.

Sin embargo, las medidas que se han tomado derivaron en la escasez de gasolinas, sobre todo en el centro del país. Situación que ha generado una crisis sin precedentes para la población y todos los sectores productivos. Por supuesto, nadie pone en duda la necesidad de terminar con el robo de combustibles, este es un problema que tiene que resolverse y también deben fincarse responsabilidades a los involucrados dentro y fuera de la paraestatal. Lo que ha faltado es una buena estrategia de información sobre las acciones que se están instrumentando, informar a la ciudadanía sobre cómo se logrará que efectivamente se acabe con estos robos. El cierre de los ductos es solo un paliativo, pues si no se desmantela la red que roba y comercializa esta gasolina, en el momento que se abran los ductos de nuevo, volverán a idear estrategias para el substracción.

En medio de esta crisis, también ha empezado a circular información en diferentes medios y redes sociales sobre la reducción en la compra de gasolinas, tal es el caso del artículo escrito por Robbie Whelan y publicado en el Wall Street Journal, que informa sobre la disminución en la compra de combustibles y crudo ligero. En toda la información que ha ofrecido el gobierno este asunto ha quedado en segundo plano y han afirmado que no es verdad. Y ahí es donde la información se vuelve fundamental para garantizar que la estrategia seguida en las últimas semanas es la adecuada, y que no se está escondiendo otro problema detrás del combate al huachicoleo. 

Para ello, no es suficiente con realizar declaraciones en una rueda de prensa o un boletín. Es necesario que el gobierno ofrezca datos veraces tanto de la estrategia al combate al robo de combustibles, como de los números que hay sobre la cantidad de gasolinas disponible para su distribución, así como la cantidad comprada para satisfacer la demanda de la población. Mientras que no haya información completa y las instituciones involucradas no pongan a disposición de los ciudadanos los documentos que lo sustenten, será muy difícil eliminar el escepticismo. La obligación del gobierno es ofrecer datos, abrir información y dar certeza y seguridad a la población.



El acceso a combustibles es indispensable para la movilidad y el dinamismo en la economía. El gobierno tiene la obligación de dar una fecha para regularizar esta situación o podrían ocasionarse crisis en otros sectores, lo que generaría un pánico mucho mayor al vivido en la última semana. De ese tamaño es la importancia de la apertura a la información y la necesidad de contar con estrategias bien planeadas que no afecten el acceso a un recurso básico para el desarrollo de las actividades productivas en todo el territorio nacional.
Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva
Red por la Rendición de Cuentas