La Asamblea Nacional francesa aprobó, justo antes de cerrar por vacaciones, el último tramo pendiente de la ley de moralización de la vida pública que deberá regir su comportamiento en cuanto funcionarios electos durante el resto de su mandato, al igual que el de otros cargos públicos. La norma, una promesa del presidente Emmanuel Macron durante una campaña plagada de escándalos de los candidatos, prohíbe entre otros que los parlamentarios empleen a familiares y restringe las actividades que los políticos pueden combinar con su acción pública.
El último texto pendiente —el grueso ya había sido avalado la semana pasada— fue aprobado por 462 votos a favor, 74 en contra y 65 abstenciones, gracias sobre todo a la cómoda mayoría de la que goza el partido oficialista, La República en Marcha (LRM).
La ley de “confianza en la vida pública”, como se llama finalmente la normativa, responde a una “triple ambición jurídica, ética y política”, afirmó la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, al presentar el texto para su votación final. Belloubet consideró una “responsabilidad política” que la legislatura comience con una ley como esta, que busca recuperar la “relación de confianza” de los ciudadanos con sus políticos, especialmente tras una campaña cargada de escándalos de nepotismo y financiación opaca de los partidos de la que no se ha librado ni el Gobierno de Macron…
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