El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 muestra la urgente necesidad de contar con un sistema nacional de fiscalización funcional que favorezca la rendición de cuentas.
A falta de este diseño, 14 meses después del ejercicio de los recursos, podemos acceder a una avalancha de información en donde la gestión irregular de los recursos, las fallas en los resultados de programas gubernamentales o la falta de datos y mecanismos que permitan una supervisión ciudadana, no son el resultado de simples errores u omisiones sino de un diseño que favorece el sistema de botín.
Un ejemplo claro del abuso en el uso de los recursos y la falta de mecanismos eficaces de rendición de cuentas es la fiscalización del gasto federalizado. En el 2013, el monto de este gasto fue de 1.5 billones de pesos de los cuales el 63.9% se canalizó a Estados y municipios constituyendo un porcentaje importante de sus ingresos. La ASF realizó 922 auditorías cuyas principales observaciones fueron: que el 29.2% de los recursos (22 mil 993 millones de pesos) no habían sido ejercidos, o reintegrados a la TSOFE; no se contaba con la comprobación del gasto del 23.1% de los recursos auditados (18 mil 189 millones de pesos); 13.9% de los recursos (10 mil 945 millones de pesos) fueron transferidos a cuentas bancarias distintas a las autorizadas; el 10.2% de los recursos (8 mil 031 millones de pesos) fueron aplicados en obras, acciones y conceptos que no corresponden a los fines de los fondos y programas; 5.5% es decir, 4 mil 330 millones de pesos fueron destinados a pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal y 3.4% de lo auditado, es decir 2 mil 677 millones de pesos no fueron entregados por las secretarías de finanzas estatales a los entes ejecutores. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿cómo traer a cuentas a los responsables?. El propio informe señala dentro de las causas de este desastre que la distribución inercial de los recursos, la debilidad de las entidades fiscalizadoras de los estados y el marco normativo vigente, entre otras cosas, diluyen la responsabilidad de los funcionarios generando casos prescritos de origen.
La ASF presenta además un Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado en donde cuatro entidades (Michoacán, Veracruz, Jalisco e Hidalgo) están reprobadas y solo una (Querétaro) tiene una calificación de 80 sobre 100 mientras que las demás oscilan en un mediocre 60 y 70.
La forma en la que se diseñó el informe para esta ocasión, priorizando 13 áreas clave y alertando sobre los niveles de riesgo que afectan la eficacia y los resultados de programas y políticas públicas es una buena contribución del ente fiscalizador. Sin embargo, como lo señala el Auditor Portal, una fiscalización oportuna, eficaz y acorde con las mejores prácticas internacionales, sería aquella que permitiera conocer el resultado de la Cuenta Pública poco después del cierre del año del ejercicio presupuestario así como contar con informes individuales sobre las auditorías que realiza el órgano fiscalizador conforme éstas vayan concluyendo. Mientras no se considere a la fiscalización como uno de los pilares fundamentales del combate a la corrupción, los informes seguirán siendo testimoniales del desastre en lugar de herramientas eficaces de corrección, prevención y sanción de comportamientos y manejos opacos e irregulares.
Corolario: Además de los posicionamientos del IFAI, la COMAIP, el Colectivo por la Transparencia y varias de las organizaciones e instituciones que conforman la Red por la Rendición de Cuentas, la co-presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) realizó un exhorto al Ejecutivo mexicano para que la Ley General en materia de transparencia y acceso a la información sea congruente con la reforma constitucional aprobada el año pasado y con los compromisos adquiridos por el presidente mexicano en materia del derecho de acceso a la información. Ojalá y el mensaje sea escuchado.
