La rendición de cuentas en México tiene que pasar por la consolidación de las instituciones fiscalizadoras en las distintas entidades pues actualmente no son lo suficientemente fuertes como para llamar a cuentas a los gobernantes de los estados, y los distintos recursos de transparencia no son suficientes para corregir la corrupción al interior de los mismos, aseguró el director ejecutivo de la asociación civil FUNDAR, Miguel Pulido.
En la mesa de cierre del segundo seminario internacional sobre Derechos Humanos, el Presupuesto y el Poder Judicial, Pulido aseguró que obligar a los poderes ejecutivos a asistir a las cortes es una herramienta más para que los poderes ejecutivos rindan cuentas, porque en los estados, por lo menos en el caso mexicano, todavía hay un amplio camino por recorrer.
Por su parte, el director adjunto de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de Argentina, Martín Sigal, reconoció que cuando hay un subejercicio de los presupuestos dedicados a cumplir derechos fundamentales, los Estados caen en irresponsabilidad y son un claro ejemplo de falta de rendición de cuentas.
Como ejemplo, Sigal citó un caso de la ciudad de buenos Aires donde la demanda por educación preescolar había superado a la ciudad, dejando sin ese derecho a cerca de 6 mil niños , ante esto, el gobierno anunció un plan que respondiera a esta demanda, pero fue una respuesta mediática pues no existieron medidas, ni se le asignó presupuesto alguno.
Expuesto el caso a los ciudadanos de Buenos Aires, a través de los medios de comunicación, se inició una investigación donde además de la falta de espacios había un subejercicio presupuestal en este rubro; al dar a conocer esta información las respuestas que dio el Estado fueron excusas, agregó el abogado.
Asimismo, señaló que en Argentina como en la región latinoamericana faltan buenas herramientas de capitalización política, por lo que existe un amplio manto de silencio por parte del Estado para reconocer el problema de falta de derechos ciudadanos, de hacerlo, los estados tendrían que asumir un costo político.
Durante la mesa El precio de las decisiones judiciales, la cual se realizó en el auditorio Héctor Fix Zamudio del instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Miguel Pulido señaló que una de las facultades de la Corte de Justicia es reclamarle al Estado aquello que ha dejado de hacer, además de señalar lo que debería haber hecho.
No obstante, en nuestro sistema de responsabilidades sucede que las multas impuestas a los servidores públicos se convierten en créditos fiscales, es decir, no se está obligando a su pago; lo mismo sucede con los delitos de peculado, dinero que rara vez se recupera.
Entrevistado luego de su participación en el evento, Pulido puntualizó que no hay una relación lineal entre el aumento de los mecanismos de transparencia y la disminución de los actos de corrupción. Uno pensaría que a mayor transparencia los funcionarios se sienten observados y no cometen actos que estén fuera de los marcos normativos, pero esto no es así, lamentó el director ejecutivo del Centro de Análisis e Investigación A.C., Fundar.
“Lo que sí es lineal es que la transparencia devela los actos de corrupción pero no los corrige; y una sociedad que conoce donde se dan los casos de corrupción puede pelearlo de manera más frontal”, aseguró Miguel Pulido.
Por el contrario, no se puede exigir el cumplimiento de derechos ciudadanos si éstos son desconocidos para los propios habitantes, como se sabe “el derecho que no se usa, desaparece”, concluyó Pulido.
