Como parte de la reestructuración de la Procuraduría General de la República (PGR), su titular Jesús Murillo Karam decidió eliminar al Consejo de Participación Ciudadana que se creó desde hace más de una década, a través del que reconocidos integrantes de la sociedad civil vigilaron la actuación de la dependencia y dieron seguimiento a su labor.

El acuerdo A/011/13 fue emitido por el procurador y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sobre sus implicaciones, la dependencia emitió un comunicado en el que sostuvo que con esta medida se pretende fortalecer la participación ciudadana en su actuación, ya que se prevé que en la reingeniería que está en curso se crearán nuevos órganos colegiados compatibles con la nueva imagen de la PGR.

En el documento se explicó que “en el proceso de reestructuración de la PGR se contempla la recomposición de órganos colegiados con el propósito de fortalecer la participación  ciudadana”.

Aunque la institución no ofreció mayores detalles sobre qué tipo de composición y  atribuciones tendrá el órgano que sustituirá al Consejo de Participación Ciudadana, que fue creado durante el gobierno del panista Vicente Fox, por un acuerdo del entonces procurador Rafael Macedo de la Concha, para transparentar el quehacer de la dependencia y mejorar su imagen ante la ciudadanía.

Por más de diez años, empresarios, activistas y directivos de medios de comunicación vigilaron el trabajo de la PGR a través de este esquema. Sin embargo, a partir de hoy desaparece a través de un nuevo acuerdo de Murillo Karam, con el que se derogan todas las disposiciones sobre la existencia y funcionamiento de este organismo que durante su vigencia logró replicarse en todo el territorio.

En el documento se argumenta que existe un decreto que “establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública”, por lo que el gobierno federal hace un esfuerzo para racionalizar el uso de los recursos públicos reduciendo los gastos operativos de sus entidades.

“En este orden de ideas es fundamental realizar un diagnóstico que concluya con una reestructura de la Procuraduría, bajo la tesitura de contar con un gobierno más eficiente, aprovechando áreas de mejora que se detecten, condiciones que permitirán establecer con mayor objetividad metas a corto y mediano plazo”, detalla el acuerdo.

Por ello, se indica que la reestructura y reingeniería de procesos institucionales, “debe comprender una reorientación y, en su caso, recomposición de los órganos colegiados creados por el titular de la Procuraduría, a fin de que en su momento tenga lugar la creación de aquellos que sean compatibles con la nueva estructura”.

Publicado en El Universal