La transparencia en el ejercicio del gasto público, principalmente en los niveles de gobierno estatal y municipal, deberá ser la principal apuesta de la próxima reforma fiscal para evitar un mayor endeudamiento de las administraciones locales, coinciden expertos.

La próxima discusión de nuevas reglas fiscales, que se espera para el segundo semestre de este año, debe centrarse en lograr una mejor recaudación y fomentar la responsabilidad en el ejercicio del gasto, considera Ricardo Corona, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).

“Nadie sabe qué sucede con las finanzas. Para que la gente pague impuestos tiene que ver el retorno de lo que se está haciendo, tiene que ver que su dinero se está reflejando en la mejora de calidad de los servicios. Si la gente no confía, no paga.

“Al mejorar su capacidad recaudatoria, los gobiernos pueden endeudarse menos para cumplir con sus obligaciones; es un círculo vicioso que debe romperse y sólo puede hacerse transparentando el gasto, que el ciudadano vea en una caja de cristal cómo y en qué se está gastando el dinero, lo que le dará más confianza y pagará impuestos”, destaca el investigador en entrevista con ADNPolítico.com.

Un estudio del IMCO sobre transparencia presupuestal en municipios, presentado en diciembre del 2012, destaca que sólo dos de 364 localidades estudiadas (Puebla, Puebla y Metepec, Estado de México) cumplieron con el ideal de transparencia en el ejercicio de su presupuesto.

De los 362 municipios restantes, 274 están entre el 0% y el 21% de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

Para dicho estudio se determinaron variables como sueldos y salarios, crecimiento en el número de personas contratadas, ingresos por recursos federales, deudas contraídas, entre otros.

En el mismo diagnóstico de la falta de transparencia, coincide la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El órgano fiscalizador reporta en su informe de la Cuenta Pública 2011 que las mayores irregularidades en el ejercicio del gasto se presentan en las entidades federativas y los municipios, pues es ahí donde se concentra el 67% de las inconsistencias detectadas.

“La opacidad en la gestión del gasto federalizado es significativa y se manifiesta sobre todo en la entrega irregular de informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos, así como en la falta de evaluación de los impactos sociales de las obras y acciones con base en indicadores estratégicos y de gestión”, refiere el análisis de la Cuenta Pública 2011 realizado por la ASF.

Para el órgano fiscalizador, la opacidad alcanza no sólo al ejercicio del gasto federalizado –recursos que la Federación les da- sino a los montos totales de su endeudamiento y el destino que se le da a ese dinero.

Juan Manuel Portal, titular de la ASF, considera que es necesario generar soluciones estructurales para mejorar la capacidad recaudatoria y fomentar así el uso prudente de la capacidad de endeudamiento.

“(La Comisión Nacional Bancaria y de Valores) Debe normar que los créditos que otorgan las instituciones financieras a los gobiernos locales se ajusten a las sanas prácticas bancarias, independientemente de la garantía real sobre participaciones federales”, así lo manifestó en un encuentro con legisladores federales ocurrido la semana pasada.

Según reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los últimos 12 años la deuda de las entidades federativas creció en 480%, al pasar de 90 mil 731 millones de pesos, en el año 2000, a 434 mil 761 millones, en el 2012.

A diciembre del 2012, la deuda de los municipios de todo el país ascendía a 43 mil 558 millones de pesos.

Con instituciones de banca privada, los estados están endeudados por 273 mil millones de pesos, a febrero de este año, reportó la SHCP. Los municipios deben a los bancos comerciales 22 mil 423 millones de pesos.

Los ingresos de las entidades federativas están sustentados principalmente en los recursos que reciben de la Federación y no en los ingresos propios que generan.

Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria mostró que, al 2010, los ingresos propios representaban, en promedio, apenas el 10.95% del presupuesto de las entidades federativas.

Los recursos propios se obtienen por impuestos a la producción, el comercio, sobre la nómina, el predial, el cobro de derechos (registro civil, licencias, permisos), por productos (bienes muebles e inmuebles) y por aprovechamientos (multas y recargos).

Ricardo Miranda Burgos, director de Análisis e Investigación Económica de la ASF, explicó a senadores que han discutido la reforma en materia de deuda estatal que la transparencia es fundamental para fomentar la recaudación, pues hay ocasiones en que los gobiernos estatales se endeudan para poder acceder a programas de gobierno.

“Se sugiere aprovechar esta reforma para impulsar una nueva ley de gasto federalizado y normar claramente las políticas y los programas concurrentes, pues algunas entidades federativas tienen que endeudarse para cumplir con los pari passus que se les pide por parte de las dependencias federales”, explicó Miranda Burgos, en febrero pasado.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ubica a México como uno de los países con menor índice de recaudación.

De acuerdo a sus Estadísticas Tributarias para América Latina, capítulo México, la proporción de ingresos recaudados por las haciendas estatales respecto al total fue de 3.6% en el 2010, ocho veces menos que la media de los demás países miembros de la organización donde la recaudación fue de 24%.

 

Publicado en  ADN Político