Hoy 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en virtud de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta fecha marcada en el calendario es un llamado a los Estados miembro para redoblar esfuerzos en el combate a un delito grave que atenta contra la integridad de la víctima y su familia, pero también contra la sociedad en su conjunto.
En México, cifras oficiales indican que existen más de 110 mil personas desaparecidas y no localizadas, lo cual ha sido catalogado por instancias internacionales como una crisis severa en materia de derechos humanos. Ante este panorama, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) impulsa el principio de máxima publicidad, un pilar para el acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica como elementos indispensables de una verdadera reparación del daño.
En este contexto, el derecho a la verdad –el derecho a conocer los progresos y los resultados de investigaciones que incluyen el paradero de víctimas, las circunstancias de la desaparición e identidad de los responsables– adquiere enorme relevancia en sus dimensiones individual y colectiva porque, para las víctimas directas, es el primer paso hacia la obtención de justicia, y para la colectividad representa la posibilidad de que no vuelva a ocurrir.
Lo anterior se encuentra plasmado en la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el primer instrumento internacional que contempla de manera integral aspectos como el derecho a la reparación, vigente para México desde el 23 de diciembre de 2010.
De esta forma, los Estados adquieren la obligación de preservar los archivos y pruebas documentales relacionadas con violaciones a los derechos humanos que se constituyen como el insumo básico del derecho de acceso a la información, al tiempo que fungen como evidencia para reducir la impunidad y la corrupción y son también el punto de partida en la memoria histórica para las futuras generaciones.
El acceso a documentos fuentes estuvo vedado en México durante los gobiernos de partido único, sobre todo porque fueron los propios cuerpos de seguridad los principales responsables de las desapariciones. En 2001, por decreto presidencial, se dispuso que la documentación relacionada con violaciones a derechos humanos fuera transferida al Archivo General de la Nación (AGN).
En 2019, el actual titular del Ejecutivo Federal firmó un acuerdo que ordenó a todas las oficinas federales transferir “la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción” al AGN.
Sin embargo, a casi un año de que concluya la presente administración, los resultados prometidos en esta línea son escasos: apenas el 15 de agosto, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, denunció el fracaso en la promesa de apertura y, por lo tanto, en la construcción de la verdad y en la búsqueda de justicia. De acuerdo con el informe más reciente, la orden presidencial de transferir los archivos fue ignorada de manera sistemática por las dependencias.
Frente a los vacíos de información que nos inundan, debemos continuar con los esfuerzos realizados para garantizar los derechos a la verdad, a la memoria histórica y a la reparación de daños de las víctimas y la población mexicana. No obstante, los obstáculos que denunció el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) parecen conducirnos en la dirección contraria. Este 30 de agosto es una fecha inmejorable para repensar con ojo crítico lo que hemos conseguido hasta ahora.
Fuente: Sol del Centro
