La Ley Minera vigente en México da a los proyectos mineros acceso irrestricto a los territorios del país, sin importar que estos pertenezcan a pueblos indígenas o ejidos y que sean habitados por miles de personas que dependen de ellos para producir alimentos y acceder a sus medios de vida, vulnerando sus derechos humanos y colectivos.
El pasado 8 de febrero se realizó en la Cámara de Diputados el foro “Las voces ignoradas: hablan las comunidades afectadas y amenazadas por proyectos mineros”, organizado por la colectiva Cambiémosla Ya en coordinación con diputadas y diputados de la actual LXV legislatura, con el objetivo de visibilizar los diversos impactos negativos que ocasiona la actividad minera en las distintas regiones del país.
Pueblos y comunidades compartieron desde su propia voz el impacto que tiene en sus vidas la convivencia forzada con los proyectos mineros, con testimonios de habitantes de Calpulalpan de Méndez, Oaxaca; Xochicalco, Morelos; Salaverna y Peñasquito, Zacatecas; San Miguel del Progreso, Guerrero; Tecoltemi, Puebla; Baja California Sur, y Río Sonora, así como de integrantes del Frente No a la minería en Valles Centrales de Oaxaca y el Consejo Maseual.
La ocupación ilegal del territorio, la escasez de agua, la contaminación de pozos y ríos, la división comunitaria, el incremento de la violencia, las campañas de desprestigio contra personas defensoras del territorio y la violación sistemática del derecho a la libre determinación de pueblos indígenas fueron solo algunas de las realidades compartidas por las comunidades afectadas que estuvieron presentes, y quienes guardaron un minuto de silencio por las personas defensoras del territorio desaparecidas o asesinadas, al tiempo que exigieron justicia y garantías de seguridad de manera inmediata.
La Ley Minera vigente en México da a los proyectos mineros acceso irrestricto a los territorios del país, sin importar que estos pertenezcan a pueblos indígenas o ejidos y que sean habitados por miles de personas que dependen de ellos para producir alimentos y acceder a sus medios de vida, vulnerando sus derechos humanos y colectivos.
Sin duda, este foro ha permitido constatar que, pese a los intentos continuos de homogeneización o exterminio durante siglos, los pueblos indígenas continúan reivindicando sus derechos; entre ellos, sus derechos territoriales y su derecho a la libre determinación. Instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen la obligación de contar con las medidas jurídicas necesarias para la garantía y protección efectiva del derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pueblos indígenas.
Por ello, junto a la colectiva Cambiémosla Ya, las comunidades afectadas exigieron modificaciones legales para retirar el carácter preferente y de utilidad pública que hoy tiene la minería; modificar el régimen de concesiones, modificar el régimen de prohibiciones, garantizar que la información reservada de los proyectos mineros sea puesta a disposición del público en virtud de que México ratificó el Acuerdo de Escazú y ampliar las causales de nulidad y cancelación. Cabe mencionar que en el anterior periodo de sesiones se presentaron cuatro iniciativas que fueron turnadas a la Comisión de Economía y competitividad para su dictaminación.
Por su parte, las y los legisladores se comprometieron a lograr la dictaminación positiva de las iniciativas en el actual periodo de sesiones, así como su aprobación, disminuyendo la brecha existente entre los derechos reconocidos por el Estado Mexicano y los mecanismos para su ejercicio. En ese sentido el artículo primero constitucional establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Por lo que desde la colectiva Cambiémosla Ya, que reúne a pueblos, comunidades, organizaciones civiles, movimientos, personas académicas, defensoras de la tierra y el territorio, se exhortó nuevamente al Congreso para legislar con enfoque de derechos humanos y apego a los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas.
Fuente: Animal Político
