Una veintena de organizaciones civiles dedicadas al estudio de la transparencia, así como periodistas y especialistas en acceso a la información, exhortaron al Senado de la República a aprobar la Ley General de Transparencia de lo contrario está en riesgo el derecho de acceso a la información de la ciudadanía mexicana.
Por medio de un comunicado conjunto, el Colectivo por la Transparencia –integrado por 14 organizaciones-, México Informante, la Red Nacional de Periodistas y Especialistas en el Acceso a la Información mencionan que de no aprobarse la Ley General de Transparencia no se podrá promover un sistema que proteja eficazmente el derecho de acceso a la información.
El siete de febrero de 2015 se vence el plazo para que el Congreso de la Unión apruebe dicha Ley.
¿Qué pasaría si no se aprueba esta ley?
1.- El Ifai no podrá ejercer sus atribuciones constitucionales
2.- No se podrán homologar las leyes locales
3.- No se podrá garantizar procedimientos para asegurar la transparencia y acceso a la información en Sindicatos y Partidos Políticos.
El pasado 2 de diciembre fue presentada ante el pleno del Senado para su turno a Comisiones Dictaminadoras la Iniciativa firmada por legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM que sustentará el contenido y alcance del derecho de acceso a la información protegido en el Artículo 6º de la Constitución.
La aprobación de la iniciativa de Ley General de Transparencia es una condición sin la cual la reforma constitucional no podrá ser operada y sus beneficios serían pospuestos.
En septiembre pasado se instaló el grupo de trabajo redactor para la definición de una iniciativa de Ley General de Transparencia que contará con los más altos estándares técnicos en la materia. A pesar de los avances y de ser una ley de vanguardia, persisten algunos retos y preocupaciones, dicen integrantes de los organismos civiles expertos en el acceso a la información.
Una de las preocupaciones graves que ven es la reserva de información porque afecta la “estabilidad económica” del país, ya que este es un elemento para mantener en la opacidad cualquier tipo de información si se toma en cuenta que los acontecimiento políticos y sociales en el país impactan directamente en las fluctuaciones de los precios y en el valor del dinero.
Otro punto que retrocede el avance en el acceso a la información es la imposición de sanciones a los servidores públicos de los organismos garantes “cuando revelen información que afecte el cumplimiento de las funciones o pueda ocasionar daños y perjuicios a los Sujetos Obligados”.
Fuente: W Radio
