Lourdes Morales Canales, Directora Ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, que recientemente se fusionó con el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), informó que se realizará un análisis cualitativo, en el marco de lo que calificó como retraso en concretar y aplicar la Política Pública Nacional Anticorrupción, que a su vez también se ha observado en las entidades.
“Una de las atribuciones del CPC es hacer propuestas que tienen que ser votadas en el Comité Coordinador, hasta ahorita ni a nivel nacional ni a nivel estatal se ha aprobado; postergaron deliberadamente la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción por decisión de la presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, que porque querían esperar al nuevo gobierno”, lo anterior añadió, poniendo como pretexto que la silla de la Secretaría de Gobernación cambiaría en el Comité Coordinador, pero esto ya se definió y aún no se avanza, lo que a su vez ha dado pie a que las entidades también estén retrasadas.
Apuntó que esto afecta ya que en el país nos encontramos en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene un eje transversal de combate a la corrupción y un eje general de estado de derecho, en donde puede haber acciones vinculantes a la política anticorrupción, tanto la nacional como las estatales, pero se sigue postergando.
Además de la evaluación en los estados, la red realiza actualmente una evaluación de los estados sobre fiscalización y su adecuada aplicación, misma que se dará a conocer en el mes de septiembre próximo, ambas tienen el propósito de mostrar a la sociedad cómo se están trabajando sus impuestos y la fiscalización de los mismos, ya que recordó que el Consejo y todos los organismos que conforman el Sistema Anticorrupción tanto en las entidades como en el país, son financiando con recursos públicos.
Aclaró que la red no es una organización social, sino un conglomerado de instituciones académicas, instituciones públicas y organizaciones sociales, que busca promover investigación sobre alguno de los ejes fundamentales de rendición de cuentas. Se trata de una comunidad que cuenta con más de 260 investigadores, que trabajan en documentar los avances o los obstáculos en materia de rendición de cuentas.
Dicho organismo fue quien trabajo la propuesta para ordenar la consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción, que fue considerada como un insumo más para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y además llevó a cabo su propia consulta en 12 ciudades del país en donde participaron más de 2 mil funcionarios, organizaciones sociales e investigadores.
La propuesta contiene los ejes sustantivos para una política anticorrupción que debiera adoptarse en las entidades federativas, “nos preocupa que hay un mal diagnóstico de las causas de la corrupción, creemos que ahorita se ha popularizado el enfoque punitivo: meter a la cárcel, cárcel, cárcel; y que esa es la forma de creer que ya se está combatiendo la corrupción, cuando en realidad si no se atacan las causas, es decir ¿qué es lo que produce que haya conductas contrarias a derecho?, y de no asumirse así se van a reproducir los casos con otros nombres”.
Es así que se ha propuesto un eje con siete cuestiones fundamentales: profesionalización de la función pública, evitando que con un cambio de gobierno se impida dar seguimiento a los planes; el segundo eje es la claridad de mandatos, es decir quién debe hacer qué, principalmente dentro de las instituciones que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción.
El tercer punto es el sistema de alertas o también llamado inteligencia institucional, donde participa el Órgano Interno de Control y el Tribunal de Justicia Administrativa, “eso es la prevención, el control interno, o sea cuando tú tienes un caso de corrupción, ya cuando se da a conocer públicamente quiere decir que los sistemas de alerta no funcionaron bien, alguien no hizo bien su trabajo: hubo o una omisión o un vacío normativo o hubo algo”.
También se propone como cuarto punto hacer más eficientes los medios de denuncia e investigación; mejorar la vinculación interinstitucional, y finalmente se tienen dos ejes transversales, el primero es la rendición de cuentas enfocada a las instituciones que conforman el sistema; y finalmente, promover y apoyar la participación ciudadana.
Fuente: El Heraldo de Saltillo