La información financiera de calidad permite a quienes deciden el destino del gasto público tomar mejores decisiones sobre cómo y en qué invertir los recursos públicos, hacer más eficiente la operación de ese dinero. Sin más, los presupuestos públicos y la información que da cuenta de su ejercicio son la definición más clara de las prioridades de los gobiernos. Cuando se analiza la composición del gasto público se puede desnudar la demagogia del discurso de los políticos.
Sin embargo, aunque en México se han dado pasos importantes en la publicación de información presupuestaria, es prácticamente imposible comparar las gestiones públicas de diferentes estados. Como si la contabilidad gubernamental fuera un asunto vernáculo, los marcos legales y los sistemas se producen en cada localidad, se hacen con particularidades innecesarias y no son comparables entre sí.
La necesidad de armonizar la contabilidad gubernamental es tan añeja como generalmente aceptada. Fue parte de las propuestas de la Primera Convención Nacional Hacendaria (CNH) desde marzo de 2004. Desde entonces se habló de la necesidad de “armonizar y modernizar los sistemas de información contables de los tres órdenes de gobierno para contar con marcos jurídicos similares, principios y normas contables comunes y sistemas de administración y modelos de información de cuentas compatibles que permitieran el control, la evaluación y la fiscalización concurrentes”.
Armonizar la contabilidad es parte de un esfuerzo más amplio por modernizar el sistema de finanzas públicas nacionales que incluye otras reformas como el tránsito hacia un presupuesto basado en resultados y la creación de un sistema de evaluación del desempeño. Son luchas encarnizadas por arrancar cotos de poder y discreción a los gobernadores y por permitir conocer con claridad tanto el origen como el destino de los recursos públicos. Son pasos previos para llegar a un escenario razonable para cualquier democracia en el que en caso de incumplimiento a las leyes o malos usos, existan consecuencias para las y los funcionarios públicos.
Si nos atenemos a la forma, esfuerzos se han realizado. Tenemos la pomposa reforma al artículo 73, fracción XXVIII, que facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de contabilidad gubernamental y que buscaba garantizar su armonización a nivel nacional. Con esta base se aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Que creó instancias como el Consejo Nacional de Armonización Contable.
En la sede legislativa también hemos sido prolíficos y creativos. Se creó la Comisión de Seguimiento a la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Fiscalización, Evaluación y Armonización y en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 se incluyó la obligación de las entidades federativas para establecer Consejos de Armonización Contable.
A pesar de toda esta pirotécnia, la homologación contable está lejos de las metas de implementación legal e institucionalmente comprometidas. Que sólo cinco estados tengan avanzada su construcción implica que los recursos que se han invertido en una transformación de gran calado no han tenido los resultados que se esperaban.
Con un mapa de implementación tan claro y una ruta institucional tan precisa las dudas quedan totalmente disipadas. La homologación contable no es una realidad por la falta del recurso más escaso en nuestro país: voluntad política y compromiso democrático.
