La discusión pública se ha concentrado en escándalos develados por la prensa nacional y extranjera sobre desvío de recursos, obras públicas fallidas, moches, posibles conflictos de interés, contrataciones indebidas, uso partidista de programas y recursos públicos y un largo etcétera.
El día de ayer la Auditoría Superior de la Federación confirmó que el desafío que enfrenta el país no es el de unas cuantas manzanas podridas. El problema es que el árbol permite y propicia que las manzanas se pudran. Aunque a veces detectamos algunas, hay muchas que pasan desapercibidas. Y las pocas que identificamos, no las podemos cortar.
En efecto, la discrecionalidad, el desperdicio y la corrupción no son anomalías. México no puede presumir un sistema de rendición de cuentas que asegure que las conductas detrás de los escándalos son una excepción.
Cualquier lector puede pensar en varios ejemplos de políticos que hicieron millonarias a sus familias en seis años, funcionarios que favorecieron a un contratista a cambio de favores, programas sociales utilizados para intercambiar beneficios por votos, obras públicas mal hechas o inservibles. El catálogo de calamidades no excluye a ningún partido ni ámbito de gobierno.
Como cada año, la ASF mostró que en la federación, los estados y los municipios hay irregularidades en el ejercicio del gasto y que los gobiernos dedican carretadas de dinero a programas sobre los que no hay información acerca de beneficiarios, claridad de propósitos o puntualidad en la ejecución. Y, como cada año, una vez que la atención pública se dirija a otro lado, los expedientes se archivarán, el dinero no regresará a las arcas públicas y los responsables no serán investigados.
Nuestro sistema de rendición de cuentas está roto y no alcanza para aprovechar los hallazgos de la Auditoría para fortalecer la gestión pública y recuperar la confianza ciudadana. Como están las cosas hoy, ni todo el trabajo profesional de los auditores, la voluntad de un contralor interno, el compromiso de un funcionario o el interés de un ciudadano son suficientes.
La clase política puede esperar a que los hallazgos del informe de la ASF vuelvan a quedar ocultos tras un nuevo escándalo, para, una vez pasadas las elecciones, seguir como si nada pasara. Pero podría aprovechar la coyuntura —y las propuestas de solución que están sobre la mesa— para construir, de una vez por todas, un conjunto de instituciones y procesos de rendición de cuentas.
En un entorno de profunda desconfianza en la autoridad pública, el Sistema Nacional Anticorrupción es fundamental, no para una cacería de brujas sino para cortar de tajo la plaga de la discrecionalidad y la impunidad.
Las reglas y las instituciones tienen que ser ajustadas para que los escándalos no se sucedan semanalmente y queden sin atender.
El propósito debe ser no sólo una ASF fortalecida, sino con instituciones que la complementen y completen la tarea. Así, sus informes no sólo servirán como munición para el ataque político o para llenar páginas de periódicos, sino que producirán mejoras en la gestión pública, harán eficiente el gasto y asegurarán que los responsables de irregularidades no queden impunes.
Profesor investigador del CIDE.
@GmoCejudo
Fuente: El Universal
